La Policía y la Guardia Civil han liberado a cinco mujeres víctimas de una organización criminal que las obligaba a ejercer la prostitución en Caspe (Zaragoza) y Barcelona tras ser engañadas en sus países de origen para trasladarse a España, operarse el pecho y luego ser explotadas sexualmente.

Según han informado ambos cuerpos, en la operación Cárpatos-Liberty-Luboca han sido detenidas siete personas por los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de favorecimiento de la inmigración ilegal, blanqueo de capitales y tráfico de estupefacientes.

Se han realizado diez registros en domicilios y establecimientos, nueve de ellos en la localidad de Caspe (Zaragoza), donde el grupo blanqueaba el dinero, y uno en Barcelona. Se han encontrado armas, estupefacientes, anabolizantes y más de 25.000 euros en efectivo. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

La investigación comenzó en junio de 2019 tras tomar declaración a un testigo protegido que relató que había sido víctima de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos, y que había más personas en su misma situación.

Por otro lado, en octubre de 2019 se inició una investigación por una agresión a una joven de 18 años embarazada en Caspe (Zaragoza), que al ser traslada al hospital no llevaba documentación y que no había acudido a las revisiones ginecológicas por su embarazo a pesar de haber sido citada para ello.

La investigación determinó que la joven trabajaba en un club de la localidad, sin estar asegurada como trabajadora en la Seguridad Social, y que gran parte del dinero que ganaba era entregado a una madame que sería la encargada de trasladar a la víctima desde el lugar de trabajo a su domicilio para que no tuviera contacto con sus clientes fuera del local.

Meses después y, tras varias gestiones, se consiguió identificar a varias personas relacionadas con la organización, y al analizar la documentación se supo que las víctimas eran captadas en su país de origen por una persona residente en España quien, con la promesa de una vida mejor, las convencía para venir a nuestro país a ejercer la prostitución.

Una vez aceptada la oferta, las mujeres eran obligadas a operarse para aumentar sus senos y se les facilitaba el billete de avión y todo lo necesario para el cruce de fronteras.

Todo ello se realiza con la colaboración de dos familiares, residentes en el país de origen, quienes se encargaban de trasladarlas al cirujano y hacerles entrega de los pasajes de avión, además de darles las instrucciones precisas sobre lo que deben manifestar al llegar al espacio Schengen para no tener problemas en el cruce de fronteras.

Una vez en España, eran recogidas por miembros de la organización y obligadas a ejercer la prostitución en diversos lugares de España y Alemania, comunicándoles entonces que han adquirido una deuda desorbitada con ellos, de entre 10.000 y 12.000 euros.

Eran amenazadas por la madame y su pareja, un ciudadano alemán, con hacerles daño a ellas o a sus familias si no satisfacían esas cantidades.

Además, cada cierto tiempo las obligaban a ejercer la prostitución en lugares diferentes como Barcelona, Oviedo, Zaragoza o Alemania, imponiéndose además un sistema de multas a fin de que la deuda aumentara paulatinamente.

En Caspe (Zaragoza) la organización contaba con dos personas que ejercían como lugartenientes y tenían bajo su control el club de prostitución, así como otros negocios mediante los cuales se blanquea el dinero procedente de la explotación sexual y en los que trabajan otros miembros de la organización investigada, tales como una pizzería y un gimnasio, donde también se traficaba con sustancias anabolizantes prohibidas.

En los registros de estos locales fueron intervenidas armas largas, un arma corta con su munición, multitud de anabolizantes, cocaína y utensilios para su adulteración, más de 25.000 euros en efectivo, equipos informáticos y documentación relevante para la investigación, que están siendo analizadas por los especialistas de ambos cuerpos policiales.

Las agresiones físicas que se cometían en ese club podrían haberse camuflado como episodios de violencia de género al comunicar que la agresión había sido efectuada por su pareja sentimental.

El cabecilla de la red, asentado en Caspe, era el encargado de supervisar la actividad de esta organización. Guardaba fuertes medidas de autoprotección, tanto portando armas como, con personal a cargo de su seguridad, manteniendo un férreo control de todos los locales y de sus trabajadores.