El pasado mes de febrero el Gobierno estatal suprimió por decreto la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios, que había sido creada en julio de 2018 para coordinar la acción de todos los departamentos ministeriales con competencias en la materia. Pese a la desaparición del órgano específico, el Ejecutivo siempre ha mantenido que las labores de coordinación sobre cuestiones migratorias se siguen llevando a cabo desde la vicepresidencia primera, bajo la dirección de Carmen Calvo, «como corresponde a todos los asuntos de importancia para el Ejecutivo con implicaciones horizontales», según la respuesta oficial.

Sin embargo, desde que a principios de año empezó a detectarse el incremento gradual en la llegada de pateras a las costas canarias que ha derivado en la grave crisis migratoria actual, la actuación de los distintos ministerios se ha caracterizado durante meses por la descoordinación e improvisación, como se ha evidenciado en la situación del campamento del muelle de Arguineguín, que ha llegado a albergar a más de dos mil personas hacinadas sin las mínimas condiciones, o el esperpéntico episodio del desalojo de 227 inmigrantes hace una semana sin que se supiera de dónde provenía la orden.

La gestión de la inmigración pivota entre varios ministerios y aunque es Interior el que lleva la voz cantante también afecta a Migraciones, responsable de la acogida, y a Defensa, que aunque sin competencias directas se ha visto forzado a ceder instalaciones militares en desuso para albergar a parte de los inmigrantes llegados al archipiélago. El principal problema en la búsqueda de una solución integral ha sido hasta ahora la falta de interlocución entre ellos y las diferencias de criterio sobre las medidas a adoptar, que ha llegado a niveles de enfrentamiento entre sus titulares, Fernando Grande-Marlaska, José Luis Escrivá y Margarita Robles. La reunión que el presidente Sánchez convocó en Moncloa hace dos semanas junto a Carmen Calvo ante la gravedad de la crisis migratoria en Canarias para tratar de corregir la descoordinación y poner sobre la mesa un plan de actuación conjunto confirmó que no hay una posición común.

La reunión urgente que convocó Sánchez ante la gravedad de la crisis evidenció el enfrentamiento

El ministro Escrivá, que aplazó durante un mes su primera visita a las islas hasta que pudo encontrar un hueco en su agenda según sus propias palabras y culpó a cabildos y ayuntamientos de la falta de plazas de acogida por no ceder instalaciones, apuesta por derivar a los inmigrantes a la península para evitar el tapón que ahora mismo se produce en las islas, en tanto que se fortalece la red de acogida. En su segunda visita a Canarias la semana pasada reconoció que «podríamos haber llegado antes y podríamos haber tenido mayor capacidad de anticipación, pero lo importante es mirar hacia delante».

Frente a la solución que plantea Escrivá, la misma que defiende el Gobierno de Canarias, el titular de Interior no quiere saber nada de derivaciones y aunque mantiene la opacidad sobre sus decisiones, el pasado viernes durante la visita que realizó a Marruecos para reforzar las labores de control ya reconoció que los traslados desde Canarias a la península no entran en sus planes. La justificación que da es que generaría un importante efecto llamada y que Europa no lo permitiría. «Las políticas migratorias son del conjunto de la UE, y no solo de España», señaló Grande-Marlaska, «hay que luchar contra la emigración irregular y evitar que se establezcan vías de entrada irregular a Europa», añadió. El ministro de Interior hizo estas declaraciones dos días después de adelantar que no tiene intención de dimitir por el desalojo de las más de 200 personas del muelle de Arguineguín, sobre la que ya se ha abierto una investigación para aclarar responsabilidades.

El otro frente ministerial atañe a Defensa. El departamento que dirige Margarita Robles se mostró renuente en un principio a ceder sus instalaciones para dar acogida a inmigrantes y se negó durante meses a la petición expresa de Escrivá, cursada por distintas vías, alegando que la inmigración no es de su competencia. Durante la reunión en Moncloa, los otros ministros le afearon que hubiera tardado tanto en poner a disposición los cinco establecimientos militares en desuso que finalmente ha cedido. «Quizá haya que hacer autocrítica, porque el Gobierno tiene una responsabilidad y tiene que tratar de dar la solución más adecuada» ha asumido la ministra ante la gestión de la crisis.