Plazas para unos siete mil inmigrantes, repartidos en campamentos militares habilitados deprisa y corriendo, y en inmuebles cuyo uso se ha acordado con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Ese es el plan diseñado por el Gobierno de España para dar respuesta a la crisis de la inmigración que desde hace semanas soporta Canarias. Junto a ello, la negativa frontal a traslados masivos de inmigrantes a la Península, a pesar de que varias comunidades autónomas se han ofrecido a ceder plazas. Frente a todo ello, el Gobierno canario, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, «se revira y se rebela» porque no quiere ser la nueva Lesbos de Europa, según afirmó el pasado viernes el propio jefe del Ejecutivo regional tras reunirse con los ministros José Luis Escrivá y José Luis Ábalos.
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