El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se pasó meses esperando que el de Defensa cediese alguna instalación para la acogida temporal de inmigrantes irregulares en Canarias. Y el Gobierno de Canarias tuvo conocimiento directo, ratificado por una gestión intermedia, de que los mandos militares en las islas estaban dispuestos desde un primer momento para esa cesión. Pero no lo hacían porque desde el departamento de Margarita Robles la consigna era que el Ejército solo colaboraría con Interior en labores humanitarias para atender a los migrantes, pero nunca poniendo a disposición suelo o inmuebles.

El enfrentamiento entre Defensa e Interior empantanó el problema e hizo que el muelle de Arguineguín empezara a llenarse de migrantes al no haber otros emplazamientos. Ante la cerrazón de Defensa, agregan las fuentes consultadas, el ministro Escrivá recurrió, a través de la Delegación del Gobierno, a solicitar ayuda a la patronal turística. Fue así como en septiembre empezó el traslado desde Arguineguín a hoteles y complejos de apartamentos en la costa de San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

Fue precisa la mediación de la vicepresidenta Carmen Calvo para que Defensa se implicase activamente. Pero no en la primera reunión interministerial, en la que Defensa, sino en una segunda, después de que el presidente canario se viese obligado a llamar a Moncloa a reclamar soluciones y una mayor coordinación ministerial.

Desde un primer momento los mandos miltares dieron por hecho que se usaría la antigua cárcel de La IsletaOtras autonomías se prestan a ayudar pero Marlaska se opone. Tampoco hay respuesta al traslado de menoresMigraciones se pasó meses esperando que Defensa ayudase; recurrió a buscar hoteles cuando vio que Robles no cedíaInterior y Defensa llegaron a discutir quién pagaba el combustible de un avión militar fletado para derivar o para repatriar

El desencuentro entre Defensa e Interior llegó al extremo de que cuando se planteó la posibilidad de un primer traslado aéreo masivo de inmigrantes desde Canarias, el Ejército planteó que pondría a disposición un avión, pero siempre que se garantizase que el coste del combustible lo sufragaba Interior. Esas tiranteces entre ambos ministerios se han acrecentado a medida que Fernando Grande-Marlaska ha ido ‘desmilitarizando’ la cúpula de Interior, en detrimento sobre todo de la Guardia Civil, que es un cuerpo militar. De hecho, en Arguineguín la vigilancia de los migrantes la realiza la Policía Nacional, pese a que se trata de una zona cuya seguridad está adscrita a la Guardia Civil.

En 2006, cuando Canarias recibió unos 30.000 inmigrantes irregulares, el Ejército participó activamente desde el primer momento en la atención a la crisis. El edificio construido para prisión militar en La Isleta fue uno de los espacios habilitados para la acogida temporal. Esta vez los mandos militares daban por hecho que así iba a ser y que la orden llegaría de Madrid de inmediato. Pero no fue así. El primer argumento esgrimido fue que había que «desmilitarizar» esos espacios y que podría haber problemas de seguridad. Fue entonces cuando Migraciones se dio cuenta de que la voluntad de colaboración del equipo de Margarita Robles era nula. A día de hoy, la ministra es de las pocas que, estando implicada en esta crisis, no ha visitado el archipiélago.

El plan del confinamiento
Siete mil plazas para inmigrantes, repartidos en campamentos militares habilitados deprisa y corriendo, y en inmuebles cuyo uso se ha acordado con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Ese es el plan diseñado por el Gobierno de España para dar respuesta a la crisis de la inmigración que desde hace semanas soporta Canarias. Junto a ello, negativa frontal a traslados masivos de inmigrantes a la península, a pesar de que varias comunidades autónomas se han ofrecido a ceder plazas. Frente a todo ello, el Gobierno canario, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, «se revira y se rebela» porque no quiere ser la nueva Lesbos de Europa, según afirmó el pasado viernes el propio jefe del Ejecutivo regional tras reunirse con los ministros José Luis Escrivá y José Luis Ábalos.

Ese pulso institucional sin precedentes, que amenaza por laminar las expectativas electorales del PSOE en Canarias e incluso la estabilidad del cuatripartito que sostiene a Torres (cogobierna con Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera), ha vivido esta semana dos hitos. Por un lado, el pasado martes, cuando 227 inmigrantes fueron ‘liberados’ del campamento en el muelle de Arguineguín y abandonados a su suerte, y el viernes, cuando desde Rabat el ministro del Interior, y desde Gran Canaria el propio Escrivá desvelaban que la solución es, en la práctica, confinar a los inmigrantes irregulares que han llegado y a los que lo sigan haciendo hasta que se recuperen las repatriaciones masivas. Esas devoluciones se han frenado por el cierre de fronteras tras la pandemia en los principales países emisores, esto es, Mauritania, Senegal y en los últimos meses Marruecos.

Lo ocurrido el martes puso en evidencia la «descoordinación» entre ministerios, según expresión utilizada estos días por el vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez (Nueva Canarias), y el consejero de Presidencia, el socialista Julio Pérez. Los 227 inmigrantes fueron sacados a primera hora de la tarde del recinto habilitado hace meses en el muelle de Arguineguín y se les dejó junto al espigón sin comida, sin agua y sin cobijo. Se presentó al instante la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que lleva meses pidiendo que se ponga fin al «campamento de la vergüenza» del citado muelle, y que contrató sobre la marcha varios autobuses. Cuarenta y cinco minutos después de subir a ellos, los migrantes se bajaban en la Plaza de la Feria, en la capital grancanaria, ante la Delegación del Gobierno. Allí estuvieron de nuevo abandonados hasta que varios ciudadanos se acercaron a darles comida y agua. «La orden de liberarlos la dio la Delegación o la Subdelegación del Gobierno», sostiene la alcaldesa, que exculpa a los policías encargados de vigilar en Arguineguín y contingente que ha llegado a las 2.300 personas en 400 metros cuadrados, en tiendas de campaña, bajo un sol abrasador y durmiendo sobre mantas encima del hormigón. Por su parte, la Delegación del Gobierno guarda silencio. La versión policial es que fueron liberados tras intentar consultar a la Secretaría de Estado de Migraciones, que no habría contestado. Horas después, ese departamento ministerial se encargó de llevar a los migrantes a hoteles.

Del muelle a un polvorín
Desde el martes, y a la vista del impacto de la crisis en los medios de comunicación de toda España y en Europa, Interior ha ido sacando a migrantes de Arguineguín y los ha recolocado en el campamento cedido por Defensa en el antiguo polvorín de Barranco Seco, en la capital grancanaria. Esa instalación se ha preparado para 800 personas, mientras en hoteles hay ahora unos 6.000. El Gobierno central quiere sacarlos de esas plazas turísticas ante el rechazo de la patronal sectorial y de las instituciones canarias a esa fórmula cuando se intenta ahora reactivar el destino turístico. Y la opción del departamento de Escrivá y del ministro Grande-Marlaska serán más tiendas de campaña militares, inmuebles de la Sareb y, sobre todo, confiar en que las gestiones ante Marruecos, Senegal y Mauritania den resultados, haya mayor control en sus fronteras y admitan repatriaciones masivas.

«Somos solidarios»
Arguineguín era conocido hasta hace meses por ser la patria chica de dos maestros del balón: los futbolistas Juan Carlos Valerón y David Silva. Pero desde este verano el nombre de Arguineguín ha traspasado las fronteras de la isla de Gran Canarias por el «campamento de la vergüenza» habilitado por Interior en el muelle, lugar donde Salvamento Marítima lleva a los ocupantes de pateras y cayucos.

«En Arguineguín somos solidarios», comentan dos vecinos del pueblo costero que toman el café de media mañana en el bar La Jaca, junto al muelle, «pero el resto también tiene que serlo». Se refieren al conjunto del Estado, porque ya son sabedores de que los gobiernos de cinco autonomías se han mostrado dispuestos a acoger a parte de los inmigrantes. Pero Interior se opone: argumento que un traslado regular a la Península derivaría en un ‘efecto llamada’ y que, una vez en suelo continental, podrían acabar traspasando los Pirineos. Esa dispersión, sostiene el ministro Grande-Marlaska, va contra la política de la Unión Europea en esta materia. En la práctica, si no se contiene la llegada de pateras y cayucos y no hay repatriaciones masivas, eso convierte a Canarias en una nueva versión de Lesbos, la isla griega donde miles de migrantes han sido confinados en una especie de limbo administrativo sin horizonte temporal.

A esto se añade que Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos han pedido esta semana derivar a otras autonomías a unos 500 de los 2.000 menores no acompañados que ya atienden en sus centros.

El grado de frustración de las autoridades canarias ha quedado reflejado en una imagen y una carta: la primera fue ofrecida el viernes por el presidente Torres, notablemente contrariado al comparecer con Escrivá al lado y dejando constancia de que no compartía el plan de Madrid de cerrar la puerta a derivaciones regulares a la península, y la carta la aportó el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, que avisó a Pedro Sánchez de que no acompañará a ministros que se desplacen a la isla mientras siga este modelo de convertir Gran Canaria en una cárcel.