18 de noviembre, sobre las 11 de la mañana. El pleno del control al Gobierno aún sigue en el Congreso, pero fuera de las cámaras se desarrolla otra reunión importante, por videoconferencia. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, coordina un encuentro técnico interministerial en materia migratoria. La cita ya estaba programada de antemano, pero obviamente aborda lo que está sucediendo en Canarias. Un drama humanitario gigantesco por la llegada incesante de pateras y cayucos, un flujo que está colapsando las islas.

Pero a la presión migratoria se sumaba, el martes, un episodio aún no aclarado, el traslado no permitido de 227 magrebís que llevaban más de 72 horas retenidos y que permanecían en el muelle de Arguineguín, junto a otras 2.000 personas. De allí salieron sin haber un alojamiento preparado para ellos.

Crisis migratoria en el Gobierno: llegada de migrantes magrebís a Barranco Seco

Lo sucedido se coló en la Cámara baja, donde PP, Ciudadanos y Coalición Canaria pidieron la dimisión del titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su “incompetencia” para gestionar una crisis que ha convertido las islas, para la diputada nacionalista Ana Oramas, en un “polvorín, un volcán”. El ministro advirtió de que no se irá pero sí anunció que se investiga ya lo ocurrido en Arguineguín. “Se tomarán las medidas necesarias y precisas si se observa alguna descoordinación”, apuntó.

El ministro se niega a dimitir y asegura que ya se investiga la liberación, a su suerte, de 227 personas

También el delegado del Gobierno en Canarias, el socialista Anselmo Pestana, negó igualmente que él o su equipo hubieran dado la orden de facilitar la salida de inmigrantes del muelle sin tener un espacio donde realojarlos, situación que “no se va a repetir”. “Es evidente que ha habido un error de coordinación que tenemos que solventar. La magnitud del problema al que se enfrenta Canarias es mayúscula. Hablamos de crecimientos por encima del 1.100 por 100, con llegadas que ya superan las 18.000 personas en lo que va de año”, subrayó, informa Efe.

Pero la tensión se ha disparado en varias líneas. No solo de la oposición con el Gobierno de Pedro Sánchez. También en el interior del Gabinete, y entre el Ejecutivo autonómico y el central. Este miércoles comenzó el traslado de los primeros 200 migrantes a un campamento militar montado por Defensa en el antiguo polvorín de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene capacidad para 800 personas. Tanto el director de la Policía, Francisco Pardo, como el responsable operativo, José Ángel González, supervisaron los trabajos de habilitación de este centro de acogida temporal (CATE).