Barcelona – Los dos hermanos Gastón O.R., de 15 años, y Martín A.R., de 17,
vieron como el pasado viernes su vertiginosa carrera delictiva llegaba a
su punto y final. Pese a ser menores de edad eran «peligrosos y violentos»
y «no tenían ningún respeto por la vida», según explicaron fuentes
cercanas al caso. De hecho, en tres de cada cuatro acciones delictivas que
protagonizaron emplearon armas de fuego, que dispararon hiriendo a varias
personas.
   Se les identificó desde hace meses, pero las detenciones
culminaron la semana pasada en Castellón, cayendo con ellos toda la banda
sobre la que se apoyaban, conformada por seis personas pertenecientes a un
clan familiar de nacionalidad argentina y chilena, en cuyo máximo vértice
estaba la madre, que era quien les «aleccionaba» y a la vez protegía, y
que con los investigadores se ha comportado como una «mentirosa
compulsiva».
   Realquilados en barrios populares. Los dos menores
tienen 20 causas pendientes que van desde robo de vehículos, agresiones
- empleando tanto golpes como disparos de manera indiscriminada – y varios
robos violentos en, por lo menos, dos chalés de Gavà y Sitges. Fuera del
territorio catalán están acusados de delinquir en Teruel, Castellón,
Málaga y Santander.
   Para moverse por las distintas ciudades se
refugiaban en las ofertas de inmobiliarias regentadas por personas de su
misma nacionalidad, e inclusive llegaban a vivir de realquilados en varios
pisos pagando únicamente por ocupar una única habitación. Preferían los
barrios más populares porque les daban un mayor anonimato.
   Tanto Gastón como Martín se beneficiarán de la Ley del Menor, que
aplica penas más suaves dado que todavía no han cumplido la mayoría de
edad. Un caso parecido a éste, en el que son los mayores quienes
aprovechan la corta edad de sus hijos para llevarles a delinquir – quedando
ellos impunes y sus hijos también – , fue el que ocurrió hace meses en
Barcelona, donde los Mossos d’Esquadra encontraron la argumentación legal
adecuada para poder detener a un matrimonio rumano por obligar a sus hijos
menores de 14 años – inimputables penalmente – a robar en las calles. Hasta
que llegue el juicio, tanto Gastón como Martín ya han sido trasladados a
un centro de menores.
   Sobre la oleada de asaltos violentos a
viviendas también se posicionó ayer el delegado del Gobierno en Cataluña,
Joan Rangel, que reconoció la labor de las empresas de seguridad privadas,
pero advirtió que no pueden asumir tareas propias de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, como es la función de patrullar por las calles.
   Rangel, que presidió ayer en Barcelona la celebración del Día de la
Seguridad Privada, recordó que la seguridad pública es competencia de la
Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra «con la
inestimable ayuda» de las policías locales, y advirtió de que la
Administración sancionará a las empresas de seguridad que no se ajusten a
sus competencias «delimitadas en la legislación».
   El
delegado del Gobierno, en presencia de los empresarios del sector de la
seguridad privada, alabó su labor como «complemento muy importante en el
objetivo común de garantizar la seguridad de los ciudadanos», pero
insistió en recalcar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE) tienen un «papel absolutamente dominante en la seguridad que
implica la garantía de las libertades».
   En este sentido
Rangel expresó su confianza en que los empresarios del sector no acepten
asumir competencias que no les son propias y les pidió que se mantengan
«dentro de su ámbito competencial, sin que se trastoque este ámbito de
competencias inducido por la alarma social» y que declinen «ofertas para
hacer de seguridad pública».
   El presidente de la
Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (Acaes), Fernando Fernández,
reconoció que la ola de robos ha supuesto un incremento de peticiones de
seguridad, aunque aseguró que se ha tratado más de «incrementar la calidad
de los sistemas de protección». En la actualidad en Cataluña hay unos
8.000 vigilantes privados y en España unos 130.000.
   Por otra
parte, el juez ha prorrogado la detención, hasta el viernes, de cinco de
los presuntos integrantes de una banda dedicada al robo «silencioso» de
viviendas, y dejó en libertad al sexto miembro de la red que fue
desarticulada el pasado domingo en Aiguamurcia (Tarragona).
   Fuentes
judiciales informaron a Efe que el titular del Juzgado de Instrucción
número 4 de El Vendrell ha decidido pedir información más ampliada a la
Guardia Civil sobre los delitos que podrían haber cometido los detenidos,
de nacionalidad lituana. Al parecer, no existen pruebas suficientes para
imputarles delitos, motivo por el cual un sexto miembro de la organización
ya quedó anteayer en libertad.