Cáritas España ha lanzado una campaña de sensibilización social ante el “aumento importante” de personas en situación administrativa irregular atendidas por sus programas y recursos para inmigrantes en España: Suponen ya un tercio del total de las personas atendidas, alrededor de 120.000.

En una nota de prensa, la organización destaca que durante los últimos años la detección de casos de personas en situación irregular ha ido en aumento y que “la pandemia ha agravado esta situación debido a la masiva destrucción de empleos”, que “está empujando a la irregularidad sobrevenida de estas personas”.

Una situación administrativa irregular supone, “según lo establecido en la actual Ley de Extranjería, la pérdida de su estatus legal y el acceso a derechos básicos”. Además, según Cáritas, “en muchos casos y dado que no pueden disponer de ninguna ayuda ni prestación social, estas personas tienen miedo y dejan de salir a la calle por temor a ser expulsados”.

Atiende ya a unas 120.000 personas en esa situación, que necesitan de los servicios de la organización durante uno o dos años, debido a su situación de “extrema precariedad”.

En el marco de la campaña de sensibilización ha publicado una colección de materiales que narran las historias de personas migrantes que acaban en situación irregular.

Entre estas historias está por ejemplo la de Fabiola, que llegó a España desde Ecuador y después de años trabajando cuarenta horas a la semana, prescindieron de sus servicios durante el estado de alarma. Ahora vive en situación irregular.

“Kalima trabajaba como temporera durante cuatro meses al año, viene desde Rabat y deja atrás a su marido y cinco hijos que son la garantía de los que la contratan de que volverá a su país”. “El capataz la violó en el almacén, la despidió y ahora vive en situación irregular al no poder volver a su país ni demostrar lo que ocurrió”, denuncia Cáritas en otro de los perfiles.

Desde esta ONG defienden “un planteamiento alternativo” para tratar los derechos de los migrantes con el objetivo de que “no dependa exclusivamente del mercado laboral” ya que añaden, “la Ley de Extranjería está orientada primordialmente a la regulación del flujo de mano de obra extranjera”.

Para ello plantea una integración social basada en “criterios de arraigo social, que ponga en valor las raíces de estas personas en la comunidad en la que trabajan y viven”, porque según Cáritas, “queremos vecinos”.