Cántabra de nacimiento, lleva ejerciendo de fiscal desde 2009 en Gran Canaria, siempre en el área de menores y desde 2018 ejerce como decana.

-Fue contundente al destacar en la memoria de la Fiscalía el aumento de la agresividad de los menores en el ámbito de la violencia familiar en año 2019.

-Hace años hemos venido observando un aumento constante en los casos de violencia intrafamiliar. Veremos si este año con el confinamiento se produce un descenso de casos, pero en 2019 hubo un incremento caracterizado por comportamientos muy agresivos, llegando al maltrato físico.

«Es absolutamente necesario un servicio de guardia para la llegada de menores en patera»

-¿A qué se debe?

-Hay un conjunto de factores que pueden llevar a los menores a ser agresivos dentro de sus casas y es algo que todos podemos detectar. Hay algo que está fallando en nuestra sociedad y debemos de reflexionar si los menores están recibiendo los valores adecuados en sus casas, si tienen el referente de sus progenitores o estos están ausentes, qué educación están recibiendo en los centros educativos, si quizás el excesivo uso o abuso de internet puede estar causando un aislamiento de los menores y están más nerviosos o son proclives a una reacción violenta… Son un conjunto de factores que darían para un estudio más completo. Por otro lado, se ha avanzado mucho en el estudio y diagnóstico de los trastornos de conducta en los menores. Ahora muchos menores maltratadores llegan a Fiscalía con un diagnóstico y tratamiento médico ya pautado. En síntesis, hay una variedad de factores que empiezan en casa, de forma general, aunque también hay casos de familias normalizadas cuyos hijos, sin embargo, son conflictivos.

-Alude a un mayor porcentaje de menores que consumen de drogas desde muy pequeños.

-Detectamos que hay mayor consumo de drogas en menores y cada vez más pequeños. Algunos han reconocido que consumen desde los diez años, sobre todo hachís, que es la droga prevalente. Esto los hace más agresivos y más cuando son tan jóvenes, se ponen más nerviosos e irascibles e incluso pueden desarrollar trastornos mentales a raíz del consumo. Otras muchas veces nos dicen los menores que las discusiones se produjeron porque sus familiares les quitaron el teléfono móvil como castigo. Ahí empieza el forcejeo que desencadena en una agresión.

-Las discusiones por los móviles o internet en el entorno familiar van a más…

-Para los menores el móvil es su vida hasta el punto de que no distinguen de la vida real con la vida digital. Si un padre lo castiga quitándole el móvil, a él le hunde la vida y de ahí esos brotes de agresividad.

-Por contra, advierte un ligero descenso en delitos de violencia de género. ¿Le sorprende?

-Bueno, pero el descenso es mínimo, de 38 casos en 2019 por los 41 de 2018, pero no sabría dar una causa concreta de esta estabilización. Puede ser que estén funcionando las campañas de concienciación y afortunadamente, tampoco tuvimos episodios muy graves sino más bien amenazas, insultos o coacciones. También puede ser que estos menores, que tienen distorsiones de lo que son relaciones afectivas sanas y equilibradas, no las hayan desarrollado en toda su magnitud ya que intervenimos a tiempo para evitarlo. Además, en menores hay menor reincidencia gracias a las medidas de libertad vigilada que solicitamos.

-Ese parón en el aumento de casos también se ve reflejado en abusos y agresiones sexuales.

-En este caso se debe a que en 2018 hubo un incremento por lo que pudiera ser un efecto contagio debido al famoso caso de La Manada. Hubo un repunte de agresiones sexuales de menores en grupo y aquí también se dieron varios casos. Ahora creo que hemos vuelto a la normalidad después de ese repunte de 2018. En 2020 no se han producido, hasta el momento, casos de extrema o máxima gravedad y ojalá que sigan funcionando las campañas.

-Lo que sí parece ser un grave problema es la escasa conciencia del adolescente a la hora de compartir imágenes de contenido sexual. ¿Le preocupa?

-Mucho. El problema es que no tienen conciencia de que, una vez se inicia la cadena de envío, es imparable. El caso más típico es el de chicas que voluntariamente acceden a enviar vídeos suyos de contenido sexual con la promesa de la otra parte de que no lo va a difundir, pero en contra de lo pactado, lo difunde. Al final se entera todo el instituto y los padres conocen el caso por los profesores. La intervención de la Fiscalía es sin embargo limitada, podemos pedirle al autor que elimine ese contenido pero no podemos controlar al resto de personas que a las que les ha sido reenviado.

«En lugar de tanta crítica, deberíamos coordinarnos para garantizar la protección de los menores»

-Incide usted en la memoria en el control parental y el uso responsable de internet por parte de los menores. ¿Es posible o hablamos de una utopía?

-Los padres tienen que utilizar las herramientas que tengan a mano, al menos, mientras sus hijos están en sus casas, aunque lógicamente, el menor sigue teniendo acceso a internet cuando sale de ella. Internet es valioso, pero a la vez peligroso.

-¿Ya han solucionado los problemas derivados por la falta de estabilidad de la plantilla de fiscales especializados en menores?

-Esta circunstancia se produjo en 2019 y ya está resuelta. Ahora mismo los siete fiscales de menores de Las Palmas somos titulares, con amplia experiencia y especialización en el área. Este año la plantilla está cubierta y es la idónea. Tenemos una plantilla excelente.

-¿Por qué siguen los retrasos en la tramitación de expedientes?

-En este caso, no depende solo este asunto del trabajo del fiscal ya que es tan importante nuestra labor como la del funcionario. Ha habido bajas que incluso estaban programadas que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia tardó en cubrir y es algo que no entendemos ya que nos encontramos con paquetes de trabajo parados durante meses hasta el nombramiento de los sustitutos. También, la Covid ha dificultado el día a día, retrasando la instrucción de los casos más de lo deseable. En el ámbito de la ejecución, hay saturación en las medidas de medio abierto, incluso con lista de espera, y aquí es importante resaltar la necesidad de que haya recursos suficientes para que los menores las cumplan lo antes posible. No tiene sentido que los menores empiecen a cumplirlas dos años después de haber cometido los hechos.

-Los números apuntan a que la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados (menas) ha generado un aumento en los expedientes de riesgo incoados. ¿Cuáles son las consecuencias?

-Para hacernos una idea, de los 881 de los expedientes de riesgos incoados en 2019, 437 fueron a menas de nacionalidad marroquí. Un expediente de riesgo se abre a un menor que, por sus circunstancias, está sometido a factores que pueden dificultar o perjudicar su desarrollo personal, familiar, educativo o social. Se abren expedientes a menores nacionales, pero en el caso de los menas, el riesgo es intrínseco a su situación, ya que llegan sin un adulto de referencia. En estos casos, una vez incoado el riesgo y practicadas las pruebas de determinación de la edad, es la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia la que debe dictar la resolución de desamparo y con ella la Fiscalía incoa el expediente de tutela, en cuyo marco supervisamos la actividad de la administración respecto de ese menor.

-¿Ha cambiado el día a día en la Fiscalía el nuevo criterio de no separar a los menores de sus presuntos padres hasta que tengan los resultados de ADN?

-Hasta ahora han sido pocos los casos en los que hemos aplicado el nuevo criterio del Fiscal de Sala de Menores con arreglo a la nota de servicio de éste, dando unas pautas en las que variaba el criterio de separar a los menores que llegaban con sus supuestos familiares en patera. Desde el desconfinamiento en mayo y hasta finales de octubre, debido a la desaparición alarmante de mujeres con menores que no resultaron ser sus hijos, aplicamos el criterio de separarlos, siempre que no fueran menores lactantes. El problema fue que, debido a la llegada masiva de inmigrantes, no había recursos para practicar las pruebas de ADN en tiempos adecuados y los menores estaban separados de sus supuestas madres más del tiempo deseable. Esta circunstancia, unida al dato de que gracias al control exhaustivo de estos casos, no se volvieron a producir supuestos de desapariciones, dio lugar al cambio de criterio. Ahora mismo, cuando la policía llama al fiscal de guardia advirtiendo de que llega una patera con menores y sus padres, la Fiscalía no los separa. Parece ser que la Administración autonómica tiene recursos suficientes para estas madres con sus hijos y esperemos que sea así. Lo cierto es que el otro día me comentaba la compañera que estaba de guardia que la llamó la policía para advertirle de que, desde el viernes pasado hasta el martes, habían estado en el muelle de Arguineguín tirados en el suelo 30 menas. No sé si el mensaje que quiere trasladar la Administración de que hay recursos para menas y menores acompañados se corresponde a la realidad, porque luego en la práctica, la policía está saturada y no saben dónde enviarlos. Nosotros no decidimos a qué centro van, es algo que tiene que gestionar la Administración regional.

-¿Cuál es la raíz del problema?

-Lamentablemente, el problema es que la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia no dispone de un servicio de guardia, algo que le planteé yo, como decana, a la directora general Yolanda Iratxe Serrano en diciembre del año pasado. Le expuse la posibilidad de que pusieran en marcha un servicio telefónico de guardia que pueda solventar estas situaciones cuando la policía no sabe a qué recurso puede enviar a un menor. Que ese técnico se coordine con los centros y que diga dónde hay una plaza libre o se pueda crear. Sería lo ideal ya que nosotros estamos de guardia las 24 horas los siete días de la semana y nos limitamos a ejercer nuestras funciones. Si luego no hay un centro o recurso para un mena o menor acompañado por su supuesto familiar, lo tiene que solucionar la Dirección General, que no tiene este servicio de guardia para dar soluciones. No es competencia nuestra ni de la policía y ya pasó el año pasado un caso de que le tuvieron que pagar una noche de hotel a una mujer y su hijo por no disponer de un recurso en ese momento.

-Entiendo que esta reivindicación se hace urgente en tiempos de llegada masiva de inmigrantes.

-Es absolutamente necesario que se establezca un servicio de guardia para estas contingencias y más mientras dure esta avalancha de llegadas de inmigrantes ya que el mes de noviembre siempre ha sido época de gran flujo migratorio. Tenemos que estar todos preparados y coordinarnos en la misma dirección que es prestar la asistencia inmediata a estos menores y adoptar las medidas lo antes posible para garantizar su protección y que estén en condiciones.

-La fiscal jefe Beatriz Sánchez manifestó que la Fiscalía había sido objeto de ataques injustos. ¿Comparte esta reflexión?

-Comparto plenamente las manifestaciones de la fiscal jefe. He observado en esta polémica que se originó tras la adopción de la anterior medida, que lo más fácil era responsabilizar al fiscal, como si fuera un ser todopoderoso que hace lo que quiere o se le antoja y eso no es así. Estamos para cumplir la ley y, en este caso, garantizar la protección del interés de los menores y supervisar la actividad de la Administración. Cuando llegaban los menores con sus supuestas madres, era la Administración autonómica la que tenía que velar por garantizar su protección ya que tienen asumidas sus competencias. En lugar de tanta crítica, deberíamos coordinarnos para garantizar la protección de los menores, que es el objetivo principal de todos. No se puede lanzar ese tipo de titulares sin dar todos los datos y explicar las causas, que pueden resultar difíciles de entender para quienes no trabajan en la materia. Aquí es cierto que hubo un retraso en la obtención los resultados de las pruebas de ADN por causa de saturación en el servicio, que es difícil de gestionar, pero no se puede responsabilizar de todo a la Fiscalía.

-¿Ha vuelto a hablar con la directora general?

-No. Me consta que está al tanto del nuevo criterio de la Fiscalía y no nos hemos vuelto a reunir. El anterior criterio se aplicó solo desde finales de mayo hasta finales de noviembre, que quede muy claro. Fueron pocos meses, aunque entendemos que cada número es un menor y son separaciones dolorosas, pero primaba garantizar la protección del mismo.

-En cuanto a centros y personal cualificado, ¿cuál es la situación en la provincia de Las Palmas?

-Si hablamos del centro de ejecución de medidas de La Montañeta, hace años que hay un proyecto para construir uno nuevo, que no ha sido posible. Por esto, han ido haciendo pequeñas mejoras, pero una cuando llega ahí, la impresión que da es de estar en unas instalaciones carcelarias. Lo ideal sería un nuevo centro para ejecutar las medidas en las condiciones adecuadas. En lo que se refiere a centros de protección, observamos una insuficiencia de personal y una cualificación que no es la idónea para tratar con menores que vienen de vivir experiencias muy duras. Es fundamental que haya personal cualificado que sirva de referencia al menor y que tenga capacidad para tratar con ellos. Ahora mismo, con la avalancha de menas, se han creado centros, pero con la pandemia no podemos ir de inspección y nos consta que han llegado quejas vecinales de determinados centros en los que, parece ser, que hay más menores de los deseables. Están habiendo problemas ya que tiene que haber correlación entre en número de residentes y de personal ya que no se puede quedar un técnico solo por las noches como está ocurriendo.

«En la avalancha de pateras de 2018 llegaron menores conflictivos»
– ¿Qué diría a los que asocian al aumento de la inmigración con mayores estadísticas de delincuencia en el ámbito del menor?

– Hay que entender que la persona migrante que llega no habla el idioma, lleva consigo una historia personal dura porque si no, no vendría, que pueden tener problemas de adaptación a nuestra cultura y debemos esforzarnos para ofrecer a estas personas las herramientas adecuadas para llevar una vida normal, estudiando o trabajando. Hay menores que vemos que llegan y se integran, son estudiantes fabulosos, aprenden el idioma… pero hay otra parte que no son capaces de hacerlo. Además, muchos vienen con problemas de consumos de tóxicos y una parte de ellos van a intentar delinquir, pero tenemos que intentar que esto no pase ofreciéndoles medios para ello. Si me preguntas por los datos, lo cierto es que en el periodo comprendido de enero a marzo de 2019, hubo 16 medidas cautelares de internamiento por robos con fuerza, violencia o intimidación, de las que ocho fueron impuestas a menores marroquíes y la conclusión que sacamos es que este aumento de casos fue debido a la avalancha de pateras que hubo a finales de 2018, en las que llegaron menores conflictivos.