Este sábado, una caravana de coches se ha manifestado en el sur de la isla como respuesta a la vulneració́n de los derechos de las personas migrantes en trá́nsito y una vez llegadas a Canarias. El objetivo de la convocatoria organizada por la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, con el lema «Papeles para todas. Ninguna persona es ilegal», era reclamar el impulso de políticas migratorias que «pongan la vida de todas las personas en el centro», dotá́ndolas de la documentació́n administrativa necesaria y acabando con la criminalización y los asesinatos en el viaje que se ven obligadas a emprender.

La ruta partió por la mañana desde la Fuente Luminosa hacia Telde, con parada en el aparcamiento El Cubillo, Carrizal, en el Parque de los Aromeros, Vecindario, La Karpa, el aparcamiento frente a las oficinas Municipales de San Bartolomé de Tirajana y finalmente en la Plaza Negra de Arguineguín

La Red se suma así a la reivindicación de numerosos colectivos a nivel estatal, #RegularizaciónYa, para exigir la regulación de quienes se encuentran en situación administrativa irregular desde su llegada, exigiendo «Papeles para todas», lo que se traduce en libertad de circulació́n, rutas legales y seguras, fin al negocio de las guerras y las fronteras, acabar con las «devoluciones en caliente» y los Centros de Internamiento para Extranjeros, así como derogar la Ley de Extranjería. Todo ello unido a la dotación de derechos para elegir cómo continuar con su vida o formar parte de nuestra sociedad como vecinas de pleno derecho.

11.000 personas
En el actual contexto del archipiélago canario como Frontera Sur de Europa, en un año donde han llegado más de 11.000 personas a Canarias, dejando a su paso 414 asesinatos y más de 700 personas desaparecidas por las políticas mercantilistas y la militarización en la frontera, se continúa a la espera de una respuesta de las administraciones competentes, que siguen sin asumir sus responsabilidades, mientras aumentan los presupuestos para el control tecnológico, militar y de «seguridad» en las fronteras, a la vez que se mantiene una improvisada acogida que vulnera derechos y no responde a la realidad de las personas asistidas, y que ejerce un racismo institucional a través de nuestros servicios públicos, generando dinámicas para invisibilizar la voz y los derechos de estas personas.