El secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós, ha criticado este jueves que España “siga denegando la mayoría de peticiones de asilo” que recibe “hasta el punto de que es uno de los países europeos que deniega más”, pese a que inicialmente no las rechaza.

Amorós se ha referido a las peticiones de asilo en el transcurso de su comparecencia ante la Comisión de Acción Exterior del Parlament, y ha advertido que aunque Europa “hace bandera de la democracia y los derechos humanos, mantiene una actitud muy contradictoria con respecto a la acogida de refugiados”.

“Es más ha añadido hay una tendencia importante a buscar mecanismos que frenen la llegada de refugiados” como por ejemplo “la externalización de fronteras que comporta acuerdos como el de la UE con Turquía del año 2016”.

Según el secretario del área de inmigración y migraciones de la Generalitat, no hay previsiones legales para prever los movimientos migratorios que tendrán lugar en Europa durante los próximos años, y sobre las peticiones de asilo, ha explicado que el Estado español no acostumbra a rechazarlas inicialmente, “pero, en cambio, nos preocupa que, al ver las decisiones finales, acaba siendo uno de los que tiene un porcentaje más alto de denegaciones”.

“España concede el estatus de refugiado a muy poca gente ha precisado, y aunque en la mayoría de casos los otorga por protección humanitaria, representan en total un porcentaje muy bajo en relación con Europa”.

Amorós ha insistido en solicitar para la Generalitat las competencias en materia “de refugio” que le corresponden según el actual Estatut, y ha precisado que con las atribuciones actuales Cataluña “ha multiplicado por cien” el número de personas refugiadas que acoge gracias a la colaboración entre la Administración catalana, los ayuntamientos y diversas ONG.

El director general de Cooperación al Desarrollo, Manel Vila, que también ha comparecido ante la misma comisión parlamentaria, ha considerado “desleal” que el Estado haya denegado el asilo a casi mil personas a las que la Generalitat había conseguido vivienda y trabajo por ser beneficiarias de su “programa de inclusión”.