El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, investiga una queja del Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria, por la falta de garantías en la asistencia jurídica de las personas migrantes que llegan a Canarias por vía marítima.

Lo han confirmado a Efe fuentes de esta institución, que han señalado que tras recibir este miércoles la queja del Colegio están investigando los hechos denunciados por los letrados canarios que han denunciado sus dificultades a la hora de asistir a estas personas.

Una falta de asistencia jurídica “que se está produciendo de manera sistemática” en los últimos meses que también ha denunciado el Consejo General de la Abogacía, que al igual que los letrados de Las Palmas y del Colegio de Abogados de la isla reclama que los migrantes cuenten con la “preceptiva asistencia jurídica que les informe de sus derechos y les guíe en todo el proceso”.

Por ello, la Abogacía Española exige a las autoridades responsables que se proporcionen los medios necesarios para que pueda prestarse “un servicio digno y de calidad y con todas las medidas de seguridad sanitaria que requiere la situación actual, tal y como corresponde a un Estado de Derecho”.

Los primeros en sumarse a la queja de los letrados canarios han sido la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la ONG Amnistía Internacional (AI), que han censurado la situación a la que se enfrentan los inmigrantes que son rescatados en el mar y que, a su juicio, sufren una “clara indefensión jurídica”.

CEAR ha mostrado su preocupación por que los acuerdos de devolución de estos inmigrantes se estén tramitando por grupos y sin presencia de abogados, quienes además “deben procurarse” sus propios equipos sanitarios.

Por ello, y de acuerdo con las recomendaciones del Colegio de Abogados, CEAR ha reclamado que se habilite un espacio adecuado para que las personas migrantes puedan ser atendidas por sus abogados en las primeras 72 horas, se les ofrezca información completa de su situación, garantizando su comprensión a través de intérpretes de su idioma materno, tal y como establece la normativa.

Reclamaciones que también comparte AI, que ha advertido de que estas prácticas contravienen la ley española de extranjería y de que además “cientos de personas podrían enfrentarse a una devolución sin tener la oportunidad de pedir asilo”.

Asimismo, la ONG ha exigido al Gobierno que establezca “un mecanismo urgente de emergencia” y asegure una “adecuada atención” a todas estas personas para que se garanticen sus derechos.