La inmigración constituye una de las prioridades del debate político en este comienzo de siglo. El fenómeno migratorio es viejo como la Humanidad.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, el número total de migrantes internacionales sería entre 150 y 175 millones de personas. Las migraciones constituyen un fenómeno humano por excelencia, que ha existido siempre, y que en la actualidad afecta a todos los países, porque todos son países de origen o de tránsito o de destino de migrantes, o incluso los tres a la vez.

Al mismo tiempo, la globalización, la liberalización del comercio y la integración económica mundial han aumentado la movilidad de las personas y las facilidades para desplazarse. La globalización constituye sin duda un factor que favorece las migraciones. Los conflictos internacionales, la guerra, la pobreza, la corrupción y la ausencia de un buen gobierno en los países de origen, constituyen también factores que empujan a la emigración. Quizás más que nunca, las migraciones forman parte de la vida contemporánea.

Si analizamos los porcentajes de migrantes por regiones, Europa, Asia y América del Norte ocupan en este orden los primeros puestos, con cifras de migrantes de entre 40 y 60 millones. La emigración es el camino más antiguo que los pueblos tomaron para salir de la pobreza.

Las bajas tasas de natalidad en los países desarrollados no aseguran un relevo generacional, por lo que se precisa de la población de inmigrantes para asegurar el equilibrio demográfico así como los sistemas de pensiones. Por ejemplo, Europa necesitará más de 44 millones de inmigrantes hasta el año 2050.

El actual contexto internacional ha sorprendido a la Unión Europea, inmersa en un intenso debate en torno al progresivo establecimiento de una Política de Inmigración Común, es decir, a articular un análisis y una respuesta común, coordinando las políticas de los Estados miembros y desarrollando todas las posibilidades del marco jurídico comunitario. La política de inmigración encuentra sus fundamentos jurídicos en el artículo 63 del Tratado de Amsterdam, y sus fundamentos políticos en el Consejo de Tampere.

Desde entonces y pese a la contundencia de los datos que acabo de comentar, la Unión Europea y sus instituciones no han sido capaces de dar una respuesta adecuada. Mi crítica podría resumirse en dos cuestiones concretas: primero, ¿ha sido el Consejo capaz de avanzar para lograr una política migratoria común para los veinticinco Estados miembros?. La respuesta es no. Segundo, ¿cuenta la Comisión Europea con un presupuesto suficiente para realizar las políticas necesarias que exigen los retos de la inmigración, especialmente de la inmigración irregular o ilegal? La respuesta es, igualmente, no.

Sin estos dos elementos imprescindibles, a nadie debe extrañar que la improvisación, la falta de coherencia y, en definitiva, el fracaso sea, por ahora, lo que mejor define la respuesta europea ante los flujos migratorios masivos, fuera de todo control, que llegan cada día a las fronteras exteriores de la Unión Europea.