Busca y captura para uno de los miembros de una banda responsable de estafar 53.000 euros a 52 inmigrantes con la venta de falsos permisos de residencia en Valencia. La Audiencia ordenó el inmediato arresto de uno de los 12 acusados en paradero desconocido. Se enfrentan a penas de entre dos y cinco años de cárcel. Un acusado de estafar hasta 53.000 euros a medio centenar de inmigrantes con la venta de falsos permisos de residencia en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Islas Baleares y Galicia ha demostrado ante la Justicia la misma falta de escrúpulos de que supuestamente hizo gala para dejar en una “situación económica lamentable” a sus víctimas. El procesado por los delitos de estafa y falsedad no compareció ayer ente la Audiencia, lo que motivó la inmediata orden de busca y captura por parte de la sección segunda.


Juicio suspendido

Fuentes jurídicas indicaron que el fugado se hallaba en libertad, pese a que el fiscal pide penas que oscilan entre los dos y los cinco años de prisión. Sí que lo hicieron los otros 11 supuestos miembros de la banda, pero el juicio previsto en la Audiencia Provincial quedó suspendido hasta que las Fuerzas de Seguridad puedan dar con el huido.


La calificación fiscal explica que la organización delictiva se dedicaba a captar a inmigrantes, la mayoría de ellos colombianos, en diferentes provincias de España. Sin embargo, los permisos de residencia y trabajo falsificados eran realizados en Valencia, según el ministerio público. Los procesados cobraban a sus víctimas que iban desde los cientos de euros hasta los 2.400.


Los afectados se endeudaban para pagar lo que consideraban papeles en regla. Para dar veracidad al engaño, los presuntos estafadores pedían a los inmigrantes tramites como si la documentación fuera legal: fotografías, fotocopia del pasaporte y sus huellas dactilares.


La red de falsificadores exigía incluso a las víctimas que les facilitaran la dirección de sus familiares en su país de origen, “para asegurar que les iban a pagar la cantidad exigida”, según el fiscal.


Devolver el dinero

El ministerio público sostiene que la banda actuó entre 2002 y 2004. Además de las penas de privación de libertad, la acusación exige a la sección segunda de la Audiencia de Valencia que imponga a la docena de acusados la devolución a las 52 víctimas los 53.713 euros logrados con sus engaños.


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