Este jueves, la autoridad judicial envió a prisión al patrón de una patera en la que perdieron la vida 17 migrantes que intentaban cumplir su propósito de pisar Europa en busca de una vida digna. Fue la misma embarcación en la que viajaba el chico de 17 años acogido en estado de shock en un centro de menores de Gran Canaria, que narró a todo el mundo esta semana cómo sobrevivió a quince días de travesía en el Atlántico, a la deriva, en los que 17 de sus 25 compañeros de viaje perecieron uno tras otro de hambre y sed y fueron arrojados por la borda.

Cuando ese testimonio vio la luz y fue publicado por medios locales y nacionales, aún hubo quien desconfió de las palabras del joven y argumentaron que era una estrategia para «dar pena» y mostrar una «cara amable» del «peligro de la inmigración ilegal», pero en este caso, ha sido una autoridad judicial, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital grancanaria, el que ha corroborado esta triste y cruel historia enviando a prisión de forma provisional al patrón de la barcaza en calidad de investigado por 17 homicidios por imprudencia.

El patrón cobraba a cada uno de los ocupantes de la patera unos 1.500.000 dirhams (1.500 euros) partiendo desde la localidad de Intlam, cercana a Dakhla. Solo algunos afortunados llevaban chalecos salvavidas y se hicieron a la mar ignorando que esa embarcación se convertiría en su ataúd. Pasada la segunda noche de travesía, el combustible se agotó y quedaron a la deriva, usando unos toldos a modo de velas. La sed y el hambre se fue cobrando vidas poco a poco y el protagonista de esta historia, el joven que la dio a conocer al mundo, fue tirando los cuerpos sin vida al mar, según el juez, «a causa del olor» y tras unos rezos. Así de simple, así de cruel.

Estas personas son las que luego, al llegar a Canarias, duermen en sacos de dormir en un muelle, en condiciones indignas. Las que van a ser realojadas en colegios y centros a pesar de la crispación de unos vecinos que escupen racismo e ignorancia. O incluso, las más afortunadas, descansarán en el colchón de un apartamento al que el Gobierno paga y su propietario contrata a personas que estaban en Ertes o en situación de desempleo.

Ojalá este caso nos haga coger conciencia, no solo a nosotros, sino aquellas autoridades como Marlaska que desfilarán en horas por nuestras islas. Que el ministro escuche a su compañero juez que encarceló al patrón. El canario siempre fue un pueblo inmigrante, apelemos a la humanidad y al sentido común.