La pandemia golpea con fuerza en San Sebastián y no solo en número contagios. Los efectos negativos de la crisis sanitaria en la economía han provocado un incremento de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en porcentajes superiores al del resto de capitales vascas.

Así, mientras que en Bilbao el aumento de la demanda de este tipo de ayudas es de un 1% desde marzo (131 personas) y en Vitoria de un 3,87% (258), en la capital guipuzcoana se eleva a un 6,47% (215), seis veces más que en la vizcaína y casi el doble que en la alavesa.

Este fenómeno tiene dos posibles explicaciones. La primera es que San Sebastián es una ciudad de servicios, en la que el comercio, la hostelería y el turismo tienen un importante peso específico tanto en el PIB como en el empleo del municipio. Y, precisamente, estos han sido tres de los sectores más afectados por las sucesivas medidas tomadas tanto desde el Gobierno central como por el Gobierno Vasco para tratar de frenar la expansión del virus: estado de alarma, cese de las actividades no esenciales, restricciones de aforo, cierre del ocio nocturno, toque de queda, prohibición de consumir en barra…

Gráfico.
El segundo argumento plausible hace referencia al porcentaje de familias que reciben la RGI respecto a la población total de la ciudad. Antes de la pandemia, la tasa de Donostia era la más baja de las tres capitales –y lo sigue siendo–, por lo que existía mayor margen de crecimiento en este sentido. Según los datos no oficiales de Lanbide –servicio público que gestiona la ayuda–, a 30 de septiembre la cifra de personas protegidas es de 3.535, un 1,8% del total de 186.665 habitantes, frente a un 2,77% en Vitoria (6.918) y un 3,8% en Bilbao (13.225).

La distribución por barrios también es desigual. Como es habitual, la zona este de la ciudad es donde vive un mayor porcentaje de receptores, con Intxaurrondo a la cabeza con un 3,7% de su población. Le siguen Igeldo con un 3,5%, Loiola con un 3,2%, Martutene con un 3%, Aiete con un 2,9% y el Centro con un 2,4%. Ya por debajo del umbral del 2% aparecen Añorga (1,9%), Altza (1,6%), Ategorrieta-Ulia y Egia (1,5%) y Zubieta, Gros y el eje Miracruz-Bidebieta con un 1,1%. Con menos de un 1% de sus residentes acogidos a la RGI están Amara Berri (0,9%), Antiguo (0,8%) e Ibaeta (0,6%), según las estadísticas ofrecidas por Lanbide.

En términos generales, el Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales han interrumpido la tendencia positiva iniciada el pasado ejercicio. Tal y como refleja el Informe de Sostenibilidad de la Fundación Cristina Enea recientemente publicado, en 2019 el número de familias perceptoras había descendido un 7,6% con respecto a 2018.

La crisis de 2008
Si bien la tasa de demandantes sobre la población total era similar a la de años precedentes, parecía romperse la tendencia observada desde el inicio de la crisis de 2008, que también tuvo un fuerte impacto en la economía de muchos hogares donostiarras.

Por definición, la RGI es una prestación mensual de naturaleza económica cuyo objetivo es cubrir las necesidades básicas de unidades de convivencia con ingresos insuficientes para hacer frente a los gastos asociados a la inclusión social y que les ayuda a encontrar una salida laboral.

La pueden cobrar personas sin trabajo, trabajadores con pocos recursos, pensionistas, perceptores de otro tipo de pensiones, inmigrantes sin permiso de residencia, etc. Entre las condiciones que deben cumplir los demandantes se incluye tener ingresos mensuales inferiores a la cuantía de la RGI que le pueda corresponder según el número de miembros de su unidad de convivencia, no disponer de ninguna propiedad excepto la vivienda habitual (casa, garaje y trastero) o el inmueble en el que se realiza su actividad laboral (con excepciones) y no disponer de dinero, títulos, valores, vehículos u otras propiedades por un valor superior al establecido para cobrar la ayuda.

Asimismo, se exige estar empadronado y tener residencia efectiva en el País Vasco durante los tres años anteriores ininterrumpidamente. Si no se cumple ese requisito, se aceptará el empadronamiento al menos con un año de antelación a la fecha de la solicitud si se pueden acreditar cinco años de vida laboral remunerada. Quedarán exceptuadas las personas que cobran una pensión pública o hayan sido víctimas de maltrato doméstico, que solo deberán cumplir el año de empadronamiento.

Mujer de 65 años o más y con estudios básicos, perfil mayoritario
El perceptor tipo donostiarra de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es una mujer soltera de 65 años o más, de nacionalidad española y que tiene estudios básicos. Es el perfil mayoritario entre las 3.535 personas empadronadas en el municipio que con fecha de 30 de septiembre cobran esta ayuda del Gobierno Vasco.

Entre los extranjeros, que suponen un 32,9% del total, predominan los procedentes de Suramérica (16,7%) y los países del Magreb (6,6%). El resto de nacionalidades representan porcentajes menores, como los ciudadanos de fuera de la Unión Europea (2,9%) o los del África Subsahariana (2,2%).