La Audiencia de Las Palmas ha condenado a ocho años de cárcel al patrón de una patera que dejó la barca abandonada a su suerte cuando esta estaba a punto de tocar tierra en el sur de Gran Canaria, lo que provocó un accidente en el que se ahogaron la bebé Sephora y la madre de una niña que desde entonces está acogida por el Gobierno de Canarias.

Los hechos ocurrieron la noche del 16 de mayo de 2019 en la zona de Las Marañuelas, cuando se acercaba a un punto de la costa próximo al puerto de Arguineguín una patera con unos 30 ocupantes: unos 13 hombres magrebíes y 17 personas de origen subsahariano, entre ellas once mujeres y tres niñas pequeñas, recuerda la sentencia.

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La barquilla había salido cinco días antes de una playa del norte de Marruecos, patroneada por el procesado, Abdallah W., con la colaboración ocasional de otros hombres no identificados.

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Cuando se acercaban a Gran Canaria, recoge el relato de hechos probados, el procesado “ejecutó de manera precipitada y arriesgada la maniobra de aproximación a tierra, lo que provocó la colisión de la nave con una roca y la caída de algunas personas al mar”.

El procesado dejó la patera sin gobierno antes de que eso ocurriera, saltó al agua y huyó de la zona, hasta que fue localizado y detenido quince días más tarde en Las Palmas de Gran Canaria.

Como consecuencia de la colisión, murieron ahogadas la bebé Sephora, que se deslizó al agua desde el pañuelo con el que la transportaba su madre –testigo protegida de la acusación– y Justine Senekoke, una mujer que viajaba con otra niña pequeña, ahora huérfana. Una tercera mujer también cayó al mar, pero se desconoce con certeza cuál fue su suerte, porque su cuerpo no apareció.

Uno de los últimos cayucos que llegó a la costa canaria.
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La Audiencia de Las Palmas declara al procesado culpable de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y dos delitos de homicidio imprudente en concurso ideal y le obliga a indemnizar con 72.438 euros a la madre de Sephora y con 93.135 euros a la hija de Justine Senekoke.

El ponente de la sentencia, el magistrado Pedro Herrera, detalla que los ocupantes de la patera pagaron 1.000 euros cada uno a los organizadores de la travesía, que los metieron en una barca “frágil e inestable”, “apilados y en una posición incómoda que debían mantener de manera casi permanente” y “sin víveres ni bebida”.

Los organizadores de viaje repartieron además entre los inmigrantes un número insuficiente de supuestos chalecos salvavidas, que “no eran aptos para cumplir su cometido”.