madrid. El pleno del Senado, por unanimidad, pidió ayer al Gobierno que estudie la posibilidad de conceder a los inmigrantes indocumentados autorizaciones de residencia y de trabajo “de carácter extraordinario” hasta el momento en el que se pueda ejecutar su orden de expulsión del territorio nacional.

La iniciativa surgió a partir de una moción de Entesa Catalana de Progrés, que puso de manifiesto ante el pleno el creciente problema de los inmigrantes que no pueden ser devueltos a sus países, la mayoría subsaharianos, y que tras pasar cuarenta días en un centro de internamiento quedan en libertad sin ningún tipo de documentación, lo que les impide trabajar legalmente.

El problema, del que por su propia naturaleza no hay cifras, afecta a todas las comunidades autónomas, lo que propició el consenso de los grupos parlamentarios.

Todos suscribieron una enmienda transaccional para pedir al Gobierno que evalúe individualmente los casos de los inmigrantes indocumentados que puedan acogerse a los mecanismo previstos en la normativa vigente de extranjería y para que estudie también otras posibilidades para concederles permisos extraordinarios.

El Gobierno, según la moción, debería realizar un seguimiento “exhaustivo” de ese colectivo de inmigrantes sin documentación para conocer “su situación y sus especiales circunstancias”.

El Senado instó asimismo al Ejecutivo a coordinar a las comunidades autónomas en el marco de la Comisión Mixta de traslados, en la que se gestiona la acogida “ordenada y cooperativa” de los inmigrantes desplazados desde Canarias a la península cuando pasan los cuarenta días de internamiento y no pueden ser expulsados.

Según explicó el portavoz socialista, José Antonio Alonso, la normativa actual prevé fórmulas para conceder permisos de residencia temporales a los inmigrantes por arraigo, colaboración con la Justicia o circunstancias humanitarias o excepcionales. >efe