Los colombianos fueron los que protagonizaron un mayor número de peticiones, seguidos de nigerianos y argelinos «Algo no funciona». El contundente diagnóstico es de Ignacio Díaz Aguilar, presidente de la Comisión Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), y la justificación de tan rotunda sentencia es que, durante el año 2005, llegaron a España 800.000 extranjeros; de ellos, 5.254 pidieron asilo y tan sólo 201 lograron obtener el estatuto de refugiado.

El cuarto informe sobre la situación de los refugiados en España, presentado ayer por la CEAR, arroja datos reveladores. Sólo el 3,8% de esas 5.254 peticiones tramitadas el pasado año – la cifra más reducida desde 1997 – llegaron satisfactoriamente hasta el final. El mismo año, Francia recibió cerca de 50.000 solicitudes y aquéllos que pidieron asilo en Alemania o Gran Bretaña supusieron cerca de 30.000 respectivamente.

Es cierto que 2005 trajo algo positivo: un aumento, calificado de «considerable» por la CEAR, del número de solicitantes de asilo admitidos a trámite, aunque el 57% de los que no superaron este primer procedimiento es «aún demasiado elevado».

Colombia fue, con diferencia, el país de origen con un mayor número de solicitantes (1.655), seguido de Nigeria (726) y Argelia (406). Si se observa por continentes, Africa encabeza el ranking de candidatos a refugiados, con el 50,97% de demandantes, mientras que de América procedió el 35%.

Las recientes políticas adoptadas por el Gobierno han derivado en un fenómeno de «externalización de fronteras». Ceuta, Melilla y Canarias ya no son los últimos enclaves que separan a los habitantes ricos del norte de sus hermanos pobres del sur. Díaz Aguilar aseguró que «la frontera española se está externalizando más allá incluso de Mauritania y Senegal», en una tendencia propia de otros países europeos.

La consecuencia directa de esta política es un notable incremento en la dificultad de acceso a la solicitud de aquéllos que intentan conseguir asilo como desplazados de sus países de origen. Mayor desprotección, pérdida de garantías y corresponsabilidad de España en los posibles abusos infligidos por estos terceros estados sobre los posibles refugiados son los principales peligros citados por Díaz Aguilar.

El drama vivido el pasado verano en Ceuta y Melilla con los masivos saltos de valla son un claro ejemplo de «las grandes dificultades prácticas» detectadas por la CEAR en el sistema, según explicó Mauricio Valiente, coordinador del informe.

«La mayor crisis humanitaria y referente al derecho de asilo de los últimos 20 años», en palabras de Valiente, merece una atención detallada. Desde la CEAR se reclama «una investigación que permita aclarar lo ocurrido y evitar que vuelva a producirse». Durante aquellos meses murieron «al menos 14 subsaharianos» y se produjeron repatriaciones irregulares, además de deportaciones de «centenares de personas» al desierto, tanto en el Sáhara Occidental como en Mauritania, por parte de Marruecos en virtud de su colaboración con España.

La nueva realidad mundial ha hecho que la figura del refugiado, «propia de una idea de Guerra Fría», haya quedado «superada». La CEAR señala dos grandes objetivos: los indígenas y los refugiados ambientales. Las persecuciones que sufren los primeros les otorgan entidad suficiente como para ser tenido en cuenta como grupo propio. En cuanto a los segundos – aunque su inclusión como población refugiada no está alejada de la polémica – son el verdadero reto del siglo XXI: la población desplazada por las transformaciones geográficas derivadas del cambio climático.

La futura ley de Asilo, anunciada por el Gobierno para este año, es vista como una «gran oportunidad», siempre que se mantenga el acceso a las solicitudes de asilo a través de legaciones diplomáticas, que España se convierta en «país de reasentamiento de refugiados» y se garantice «el acceso letrado en los Centros de Internamiento de Extranjeros».

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