El director de la Guardia Civil viaja al país africano con el fin de impulsar el control de las salidas – Las autoridades mauritanas expulsan a cerca de 500 personas cada mes hacia Malí y Senegal Cuatro patrulleras, un helicóptero, un autobús, tres todoterrenos y 25 ordenadores. El Gobierno español pondrá toda esta batería de medios a disposición de las autoridades de Mauritania para que colaboren en el control de los flujos migratorios clandestinos que parten desde sus costas rumbo a Canarias.

El nuevo director de la Guardia Civil, Joan Mesquida, se desplazó ayer al país africano para impulsar la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular. A esta ayuda hay que sumar la embarcación Río Duero, donde los agentes de la Guardia Civil patrullan con los gendarmes mauritanos, y el buque de vigilancia aduanera Petrel, que faena en aguas africanas desde el 17 de junio. Las cuatro patrulleras serán trasladadas por el buque de la Armada Contramaestre Casado y llegarán en julio al litoral africano para reforzar la vigilancia.

Mientras la crisis de los cayucos ya ha remitido, Mesquida se entrevistó en Nuakchot con el ministro del Interior, Mohamed Lemine, y con el jefe del Estado Mayor de la Gendarmería, el coronel Ahmed Ould Bekrine. El titular de Interior aseguró que su país colabora con España más allá de lo que recoge el acuerdo de readmisión firmado en 2003. Lemine destacó que la lucha contra la inmigración irregular exige medios muy costosos y alegó que la política de Extranjería les ocasiona fricciones con sus vecinos.

La mayoría de los que se embarcan en un cayuco rumbo a Canarias no son mauritanos, sino que proceden de Senegal y Malí. Mauritania es tan sólo un país de tránsito. Según informaron las autoridades, un total de 500 inmigrantes son expulsados cada mes, lo que no es visto con buenos ojos por las naciones limítrofes.

El Gobierno español pretende que Mauritania tenga cobertura suficiente para controlar la salida de cayucos y poder distinguir los que se dedican a la pesca de los que están destinados al tráfico de seres humanos. Para ello será fundamental la vigilancia aérea que realice el helicóptero enviado por la Guardia Civil y el buque Petrel que, debido a su envergadura, puede interceptar varias embarcaciones sin tener que retornar a puerto.

Hasta ahora, la patrullera Río Duero, con una tripulación de cinco guardias civiles y cuatro gendarmes mauritanos, vigila en solitario las aguas africanas y en tan sólo 20 días de trabajo ha interceptado a 270 inmigrantes. El Ejecutivo mauritano puso el acento en que España le ayude a formar personal especializado.

La actuación de la Guardia Civil se enmarca dentro del proyecto Atlantis, con un coste de 400.000 euros, que serán sufragados tanto por Interior como por la Comisión Europea. Este programa se completa con el proyecto Sea Horse, cuyo objetivo es implicar a Marruecos, Mauritania, Cabo Verde y Senegal en la prevención de los flujos migratorios ilegales.

El Gobierno mauritano, que celebrará un referéndum constitucional el 25 de junio y elecciones en noviembre, lleva estas negociaciones con sigilo, ya que son muy impopulares entre la población. Según informó el adjunto al jefe del Estado Mayor, Mohamedu El Kory, es fundamental que España fije un cupo de inmigrantes legales para que se tenga la percepción de que es posible viajar de manera regular con un visado de la embajada.