María, colombiana de 32 años, sufre un exilio forzoso desde el 17 de junio de 2001. En aquella fatídica fecha, su marido fue asesinado por los paramilitares. Ella lo presenció todo y los asesinos se llevaron a su hija para que no testificase.

Sin poder superar la pérdida de su compañero, concejal del departamento del Putumayo y activista por los Derechos Humanos, tuvo que vivir con la más terrible de las incertidumbres durante tres meses. Durante ese tiempo mantuvieron secuestrada a su hija, que ahora tiene 10 años. En aquel cautiverio la niña fue torturada y violada.

Cuando todo hacía pensar que la pesadilla tocaba a su fin, el horror volvió a lanzarse sobre María: su hermano, quien le ayudó a reunir los 26 millones de pesos (unos 1.000 euros) y convenció a los paramilitares de que María había muerto para poder así recuperar a la niña, fue asesinado por los mismos que se llevaron a su esposo al descubrir el engaño.

María no se rindió. Desde su escondite retomó la lucha y fundó la Asociación de Desplazados de Manizales. Sin embargo, la encontraron y el 6 de septiembre de 2004 intentaron matarla. No quiso permanecer en el hospital donde fue ingresada por miedo a que la hallasen de nuevo.

Tras el atentado se trasladó a Bogotá. Varias instituciones le ayudaron a ella y a su familia. Finalmente salieron hacia Montevideo. El programa en el que se inscribieron tan sólo permitía una estancia temporal de un año.

María recibió una invitación para participar como víctima en un congreso en Barcelona en septiembre de 2005. Era su oportunidad. Decidió arriesgarse y, movida por la desesperación de su hija, que amenazaba con dejar de vivir si volvía a Colombia, inició los trámites de solicitud de asilo.

La CEAR les ayudó y consiguieron que la solicitud fuese admitida a trámite. Sin embargo, a día de hoy, la incertidumbre aún les hace temblar y su hija pregunta a diario: «Mamá, ¿no nos han dicho nada sobre el asilo?».