El proyecto de presupuestos generales del Estado contempla una partida de 28 millones de euros destinados al mantenimiento y mejora de la atención prestada en los centros de acogida de los niños y los adolescentes inmigrantes no acompañados.

Se trata de una partida que está incluida en las cuentas de la vicepresidencia de Derechos Sociales y que se suma a los 80 millones de euros de los fondos europeos para infraestructuras y acogimiento de estos menores migrantes no acompañados, entre otros.

Además, entre las inversiones en infraestructuras también se contempla una partida de 2 millones de euros de fondos europeos para mejorar la digitalización de los centros y para el apoyo educativo tanto a los menores como a las personas que les atienden.

En estos presupuestos de la vicepresidencia de Derechos Sociales, el incremento más fuerte será en materia de Dependencia, y es que el Gobierno se ha marcado el objetivo de aportar el 34 % de la financiación del sistema a final de la legislatura.

Actualmente, la financiación de la Administración al sistema de Dependencia se sitúa en el 19 % y pasa al 26 % con los nuevos presupuestos, que aumentan 636 millones de euros esa partida.

Según fuentes de vicepresidencia, con este incremento se recuperan los recortes aplicados en la dependencia en los últimos diez años para mejorar las prestaciones y reducir las listas de espera, a través de un plan de choque que ha entregado a las comunidades autónomas y los agentes sociales para que hagan sus aportaciones.

Las cuentas contemplan destinar, además, 708 millones de fondos europeos para proyectos de las comunidades autónomas y ayuntamientos vinculados a la reforma del sistema de cuidados, del modelo residencial y a avanzar en la atención de la teleasistencia, entre otros servicios.

Con ese objetivo, la vicepresidencia de Derechos Sociales impulsa una ley marco de los servicios sociales, que podría estar lista a finales de 2021, para establecer una cartera común de servicios y ese nuevo modelo residencial, pensado para no más de un centenar de mayores, divididos en módulos de 25 personas en función de sus necesidades y que ofrezcan una mejor atención sociosanitaria, en coordinación con la Atención Primaria.

Las fuentes explican que se pretende que las comunidades, que son las que tienen competencias de los servicios sociales, vayan haciendo sus reformas para adaptar sus servicios a ese nuevo sistema de cuidados y deberán presentar sus proyectos para disponer de esa partida europea.

También en el ámbito de la Dependencia, el Ejecutivo ha propuesto a los gobiernos autonómicos una subida del 20 % de la prestación por cuidador familiar, que debe ser debatido en Consejo territorial.

El proyecto de presupuestos contempla, además, un refuerzo importante de la financiación de los servicios públicos sociales, de manera que aumentará en 60 millones el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, hasta los 100 millones de euros, lo que supone un incremento del 150 %.

El Plan Concertado contaba en 2010 con una financiación de 96 millones de euros, mientras que en la actualidad se había reducido hasta los 40 millones. Con el incremento que contempla el proyecto de presupuestos se alcanzaría el punto más álgido de financiación de a última década.

Además, se incorpora una partida adicional de 167 millones para reforzar los servicios sociales en materia de inversión, es decir, para la modernización en materia de innovación, mejora de la capacitación de los profesionales, transformación tecnológica o inversión en infraestructuras.

En materia de discapacidad, se establece una partida de 25 millones de euros vinculado con un plan de inversiones para avanzar en la accesibilidad universal. Está dirigido a personas con discapacidad en el ámbito educativo, el empleo, transportes y servicios públicos.