El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 dota con 106 millones de euros más las partidas destinadas a atender a los inmigrantes para dar respuesta, según explica el Gobierno, al importante incremento de las solicitudes de asilo y a la fuerte presión migratoria sobre las costas españolas.

Según el desglose del proyecto presentado por el Ejecutivo este martes, el sistema de protección internacional experimentará un incremento de 92 millones de euros con respecto a 2020.

En este sistema se incluyen los programas para facilitar la acogida e integración de los inmigrantes, en aplicación de la normativa nacional y europea, y la prestación de la asistencia sociosanitaria en los centros de estancia temporal de Ceuta y Melilla.

Destaca también el Gobierno las subvenciones a entidades no gubernamentales para atender a inmigrantes en situación de vulnerabilidad, que lleguen a las costas españolas o formen parte de asentamientos y que precisan de programas de actuación inmediata, para las que se destina un total de 165 millones de euros.

Los proyectos enfocados a impulsar la acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional en situación vulnerable, cofinanciados con fondos europeos, se dotan de 44 millones de euros.

La gestión de las solicitudes de asilo compete al Ministerio del Interior, que se compromete a implantar nuevas aplicaciones informáticas, establecer protocolos con otros departamentos ministeriales concernidos y simplificar los procedimientos, inluyendo un sistema de guardias que permita responder en todo momento a las peticiones en frontera.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por su parte, apuesta también un reformar el modelo de acogida de los solicitantes de asilo y protección humanitaria.

El proyecto incluye asimismo una partida de 28 millones para complementar los recursos de las comunidades y ciudades autónomas para atender a los menores extranjeros no acompañados que acogen.

El Gobierno reconoce que el reto migratorio, que se ha recrudecido recientemente, obliga a revisar la regulación actual y los protocolos de actuación.

Es necesario, a su juicio, aumentar el control de los flujos migratorios irregulares, salvaguardando los derechos humanos de los inmigrantes, y “revisar” el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES).

El objetivo, destaca, “es conseguir que la inmigración se desarrolle por cauces legales, sobre la base de los derechos y obligaciones que establece nuestro sistema legal, ya que sólo así podremos favorecer una convivencia ordenada, sustentada en los beneficios que la inmigración puede reportar a la sociedad”.