Mientras el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, respondía en el Parlamento a la portavoz del grupo Popular, Australia Navarro, que «alzamos la voz» y «exigimos» al Gobierno del Estado para que cumpla con su responsabilidad en materia de inmigración irregular, los servicios públicos de rescate no cesaban en su ya rutinaria actividad en las aguas cercanas a Canarias, así como tampoco los equipos de acogida en tierra.

Así, sin ninguna respuesta desde Madrid, Torres se vio obligado a reconocerle a Navarro que «no decimos otra cosa que la que dice usted», tras escuchar su denuncia sobre lo «inhumano e indigno» que es que más de un millar de personas se queden al raso en el muelle de Arguineguín.

«Las condiciones actuales son inaceptables y la situación, dramática», evidenció el presidente esta vez al portavoz de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, que también ahondó en el problema. Todo ello a pesar de que el día anterior se consiguió rebajar la cifra de migrantes en la instalación portuaria de Gran Canaria gracias al alojamiento de 300 personas en establecimientos hoteleros de la isla.

«Hay cosas que no entendemos insistió Torres como que haya patrimonio público que no esté disponible». Sin embargo, a falta de respuestas ministeriales, resaltó el uso de algunas instalaciones de titularidad autonómica y también, insular y municipal. «No es nuestra competencia, pero sí nuestra responsabilidad», replicó a la portavoz de los diputados conservadores.

Drama
Australia Navarro consideró, no obstante que «vuelve a repetirse el drama y está claro que ustedes no aprenden nada».

La dirigente parlamentaria echó mano de los «récords batidos» este último fin de semana -llegada de embarcaciones, servicios de rescate, número de personas desembarcadas en Arguineguín, etc…, «y usted ha superado su propio récord de su incompetencia», le espetó al presidente.

La también presidenta del Partido Popular (PP) en las islas remató con que «me parece bien que venga otro ministro, el del Interior, pero queremos soluciones», así que le conminó de nuevo a «plantarse».

Pero Ángel Víctor Torres se intentó defender poniendo el acento en que el PP es «incapaz de criticar nuestra gestión en lo que sí es de nuestra competencia». Se refirió a la acogida de los menores extranjeros no acompañados. «En los 15 centros abiertos, dependientes del Gobierno, más los que gestionan los cabildos, hay en estos momentos 1.355 menores atendidos, con un coste que supera el millón de euros y que es insuficiente», detalló.

Todo ello no excluyó que el presidente y el PP se acusaran de hacer política con la inmigración irregular, aunque Torres sí quiso establecer en ello la diferencia con los conservadores.

En sentido contrario, reaccionó el jefe del Ejecutivo autonómico con uno de los socios del pacto, entre otras cosas porque NC quiso dejar constancia en el Pleno que «ni usted, ni el resto del Gobierno se conforman» con la actitud del Estado.

Ángel Víctor Torres insistió en la necesidad de que el Gobierno estatal «tiene que mejorar la gestión» y, en ese sentido, se reafirmó en la derivación de inmigrantes al territorio continental, la habilitación de los espacios públicos para acoger a estas personas e incluyó, en esta ocasión, la apertura de las fronteras marroquíes; su cierre ha provocado la reapertura de la llamada ruta canaria, apostilló.

Menores
Superada la sesión de control, le tocó el turno a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ya que, desde su mismo grupo parlamentario, se le ofreció reaccionar a la separación de menores que llegan en pateras acompañados de adultos.

Santana manifestó su rechazo «frontal» a la decisión de la Fiscalía que solo se ha puesto en práctica en Las Palmas, precisó.

La diputada de Sí Podemos, María del Río se expresó con mayor contundencia al considerar que la Fiscalía de Las Palmas actuó con «violencia institucional» y tener un «sesgo machista y racista». Sin embargo, cree justificado hacer pruebas de ADN para evitar la trata de menores, pero no entiende que sean separados de sus familiares.