SOS Racisme ha denunciado la existencia de un “racismo estructural” en el ámbito de la vivienda en Cataluña, al representar las actitudes racistas en el acceso a la vivienda un 21% del total de los casos de discriminación en el acceso a derechos sociales cuantificados por la entidad en 2019.

En este sentido, SOS racisme alerta de que el 55 % del racismo entre particulares tiene lugar dentro de la esfera vecinal.

En un comunicado, la entidad alerta de que, pese a que la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda en Cataluña establece que las administraciones deben “promover la erradicación de cualquier discriminación en el ejercicio del derecho a la vivienda”, la Administración no garantiza este derecho a las víctimas del racismo.

Por un lado, la entidad ha comunicado que la Administración no aplica la normativa vigente en el acceso a la vivienda, pues no inicia procedimientos sancionadores en casos de discriminación al no considerar los casos como vulneración de derechos, dejando así la gestión de la vivienda en manos del sector privado.

Por el otro, SOS Racisme ha advertido de que en el disfrute de la vivienda, la Administración no interviene con base a la normativa porque la discriminación sucede en espacios privados e íntimos, por lo que deja que los servicios municipales de comunidades de vecinos y de mediación sean quienes traten los incidentes sin incorporar la dimensión del racismo.

La entidad también ha denunciado que existe un discurso mediático y un imaginario social que presenta a las familias racializadas y migrantes como gente con insolvencia económica, comportamientos incívicos y con animadversión hacia los vecinos y propietarios.

SOS Racisme ha urgido a las administraciones a que reconozcan el racismo como razón principal que impide el acceso y disfrute de la vivienda, a desarrollar una sensibilización hacia la discriminación racial y a que se lleven a cabo políticas públicas para garantir el derecho a la vivienda para todas las personas.