Un fuerte dispositivo policial fue desplegado el lunes por la noche en las pistas de despegue del aeropuerto de Palma. Allí, con varias horas de retraso sobre la hora inicialmente prevista, esperaba el primero de los dos aviones que las autoridades españolas han fletado en lo que va de semana para evacuar a más de 120 inmigrantes argelinos llegados a finales de septiembre en patera desde la costa norte de África.

Tras una ardua travesía en barcazas de apenas cinco metros, a las que se embarcan después de pagar entre 600 y 1.000 euros a integrantes de bandas organizadas, les espera ahora un traslado a uno de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) reabiertos tras la pandemia. Van con una orden judicial bajo el brazo y allí esperarán un máximo de 60 días a que se resuelva su expediente de repatriación. Han volado de Mallorca a Barcelona y a Madrid.

Entre el lunes y el martes todos ellos han tenido que prestar declaración ante un juzgado de Palma, que ha ordenado el internamiento en un centro especializado. Al no existir ninguno en las Baleares, son trasladados a la Península.

Tras ser interceptados por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, en ocasiones en alta mar y a más de 50 millas de la costa, los inmigrantes llegados en la principal oleada de pateras de la historia del archipiélago (sólo en una semana llegaron más inmigrantes irregulares que en todo un año, un total de 258 frente a los 199 de 2018) permanecieron durante 72 horas en una zona habilitada por el Ejército y la Autoridad Portuaria de Baleares en el puerto de Palma. Se les detiene por una infracción de la Ley de Extranjería. Allí se les dio asistencia y auxilio a través de organizaciones humanitarias como la Cruz Roja. También fueron sometidos a pruebas PCR. Cinco de ellos (un 1,9%) dieron positivo. Desde el estallido de la pandemia han arribado 577 y ha habido 16 positivos (2,7%).

Posteriormente, todos aquellos inmigrantes que tuvieron contacto con otros compañeros de travesía que dieron positivo por coronavirus fueron aislados en dos de los hoteles habilitados como lugar de aislamiento durante la pandemia: el hotel Palma Bay y un hotel del Arenal, la Playa de Palma. Allí han permanecido hasta esta semana, cuando tras ser sometidos a nuevas pruebas han quedado a disposición judicial.

Los dos juzgados de Palma que han intervenido han decidido dictar órdenes de internamiento en centros de extranjería. Lo han hecho en contra del criterio de la Fiscalía, que se ha opuesto alegando que las fronteras siguen cerradas.

Los más de 120 inmigrantes sobre los que pesa esta medida han sido interrogados por videoconferencia. De hecho, se ha llegado a habilitar como sala de interrogatorio el propio ‘spa’ del hotel.

El relato que ofrecen todos ellos tras su llegada a las Islas es bastante similar. Casi todos proceden del interior de Argelia, de zonas rurales alejadas de las grandes ciudades. Zarpan del puerto de Dellys, a unas 200 millas de las Islas, en torno a 20 horas de navegación.

Son muy jóvenes, entre la mayoría de edad y la treintena, y entre todos ellos llegó una mujer con una criatura de corta edad.

Mientras están bajo tutela judicial y asistidos por letrados de oficio de las Baleares, relatan que huyen de la pobreza y de las condiciones precarias en las que viven, agravadas por la pandemia. La gran mayoría sólo habla francés y tienen como destino final llegar a Francia o Bélgica, con la ciudad costera de Marsella como principal polo de atracción debido a que allí, según dicen, tienen parentela y conocidos con los que mantienen contacto por teléfono móvil. Todos ellos llevan uno, y lo han mantenido mientras han estado en el confinamiento sanitario, ya que entonces no tienen la condición de detenidos.

Según dicen, para ellos el archipiélago balear es únicamente una escala, un lugar de paso en su ruta hacia Europa. Eso sí: todos han mostrado ante el juez una intención clara de no volver a su país.

Aunque son reticentes a admitirlo, fuentes conocedoras de las investigaciones policiales sostienen que llegan a pagar hasta 1.000 euros por enrolarse en una de estas embarcaciones, fletadas por organizaciones dedicadas al tráfico de personas y que, si llegan a la costa, acaban abandonadas en la costa. Hace unos días la Policía detuvo a un patrón que trabajaba para una de estas bandas, una de las más activas en el tráfico de inmigrantes, según informó la propia Policía.

Las últimas expediciones han sido enviadas a los centros de internamiento debido a que estos han reabierto. Sin embargo, esto no era así antes de esta última oleada. Con los CIEs cerrados, los inmigrantes eran enviados en barco a Barcelona o Valencia, donde quedaban bajo la tutela de ONGs y entidades humanitarias. Esta circunstancia ha provocado un efecto llamada, que disparó la llegada de inmigrantes a las Islas en septiembre, en un fenómeno que lleva dos años de crecimiento cuantitativo.