Sorpresa y malestar entre los representantes políticos canarios despertó ayer la noticia de que el Ministerio del Interior ha empezado a poner en marcha las derivaciones de inmigrantes a la península desde Baleares, mientras que sigue poniendo trabas a hacer lo mismo desde Canarias con más de 6.000 personas llegadas en pateras y cayucos en lo que va de año pese a la petición unánime de administraciones y partidos.

La casualidad quiso que la noticia de que en la noche del lunes se fletaron dos aviones para trasladar a Madrid y Barcelona desde Mallorca a unos 120 inmigrantes argelinos que habían llegado a finales de septiembre a la isla balear desde el norte de África se conociera durante el debate en la Cámara Alta de una moción de Coalición Canaria consensuada por todos los senadores canarios de las diferentes fuerzas políticas en la que, entre otras medidas, se insta al Gobierno estatal a distribuir de forma solidaria a los inmigrantes que llegan al archipiélago entre los distintos centros de acogida humanitaria de la península.

El día anterior, martes, también en el Senado, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, mantuvo una reunión con el representante de CC, Fernando Clavijo, y coincidió en que Canarias no puede ser la parada final de los inmigrantes que arriban a sus costas que en su mayoría quieren llegar a otros puntos de España y a otros países europeos donde tienen familiares y redes de apoyo, aunque reconoció que las gestiones para retomar las derivaciones a la península suspendidas durante la pandemia son bastante complejas.

De ahí que al conocerse que desde Baleares, con una llegada de inmigrantes mucho menor, ya se están llevando a cabo los traslados a territorio peninsular la reacción fuera primero de desconcierto y después de malestar, cuando no de indignación por el «doble rasero» que aplica el Ministerio del Interior.

«Nos sorprende que el Gobierno del Estado reactive las derivaciones desde Baleares, pero que se resista a hacerlo desde el territorio que más sufre la crisis migratoria en nuestro país», señaló el senador de ASG por La Gomera, Fabián Chinea, que ayer logró el apoyo del pleno del Senado a una iniciativa suya para incluir la crisis migratoria en la próxima Conferencia de Presidentes, «no entendemos ni compartimos la política del Ministerio del Interior», añadió.

El senador gomero considera que los ministros con competencias en materia migratoria «siguen sin asumir que vivimos una situación excepcional en Canarias» y les exige que asuman sus obligaciones de forma inmediata «y no continúen dándole la espalda a nuestro archipiélago», indicó. En esta línea, adelantó también que su formación exigirá al Ministerio de Interior que explique su política sobre las derivaciones y justifique su «inexplicable» hoja de ruta.

También el senador Clavijo, impulsor de la moción sobre inmigración que salió adelante ayer por amplia mayoría, entiende que el Gobierno del Estado «no solo actúa tarde y mal, sino que, además, tiene una manera de actuar que nos preocupa y nos desconcierta» porque «lo que hasta ahora han negado a Canarias, que es el territorio que más sufre la actual crisis migratoria, lo aplican en Baleares activando dos vuelos para las derivaciones», añadió.

A juicio del senador nacionalista, la actitud del departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska es «un ejemplo más de que el Estado prefiere seguir mirando hacia otro lado en Canarias ante un problema que exige una respuesta inmediata, para evitar que se agrave un problema que va a ir más allá». Tras lo que considera un nuevo agravo comparativo respecto al resto de territorio nacional, Fernando Clavijo entiende que el Gobierno del Estado «no puede seguir dando la espalda» al archipiélago y el Gobierno de Canarias «no puede seguir siendo cómplice de un ejemplo más de la inacción y la arbitrariedad del Ejecutivo de Sánchez con una tierra a la que castiga sistemáticamente», señaló.

Las expectativas sobre la visita de tres días que el ministro José Luis Escrivá inicia hoy a la comunidad canaria no son muchas en lo que atañe a la reapertura del proceso de derivación de emigrantes desde Canarias a a territorio peninsular, puesto que se trata de una competencia exclusiva de Interior que ejerce sin coordinarse con otros departamentos del Gobierno. Todo ello pese a que existe una comisión interministerial en materia de inmigración que hasta ahora no ha dado demasiados frutos, pese a la trascendencia que el Ejecutivo central ha querido dar a su constitución y puesta en marcha.

La información que ha trascendido sobre el traslado de los 120 inmigrantes desde Baleares a la península es que se ha llevado a cabo por orden judicial tras prestar declaración, para ser llevados a respectivos centros de internamiento de extranjeros (CIE) en Madrid y Barcelona, reabiertos por orden de Interior tras la pandemia, dado que en Baleares no existe ningún centro especializado de estas características. La ley autoriza a tener a los inmigrantes internados en los CIE un máximo de 60 días, periodo tras el cual si no se ha resuelto su expediente de repatriación deben ser puestos en libertad.

La decisión de los dos juzgados de Palma que han dictado sendas órdenes para llevar a cabo la derivación de extranjeros a la península fue adoptada en contra del criterio de la Fiscalía, que se ha manifestado contraria a los traslados porque las fronteras internacionales todavía siguen cerradas y los inmigrantes no podrán ser de momento repatriados, por lo que quedarán en libertad dentro de dos meses si no cambia la situación.

La mayoría de ellos son francoparlantes y expresaron al juez en entrevista por videoconferencia en aquellos casos que estaban aislados en un hotel por sospecha de coronavirus hasta tener el resultado de los test PCR su aspiración de llegar como destino final a Europa, sobre todo a Francia y Bélgica, países donde tienen contactos previos y donde quieren instalarse para iniciar una nueva vida.