Washington, 29 sep (EFE).- Los centros financiados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de Estados Unidos no pueden interferir en el acceso de los menores inmigrantes no acompañados bajo su cuidado a un procedimiento de aborto, según un reglamento difundido este martes por esa entidad.

La decisión es resultado de un litigio con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que celebró el cambio en la política de esa entidad después de una orden judicial emitida por un tribunal.

En un memorándum, con fecha 29 de septiembre, la ORR precisa que el si el menor inmigrante no acompañado obtiene una disposición judicial que autorice a un médico a practicar un aborto, el personal federal de esa institución “no emprenderá acciones” para evitarlo.

La disposición señala que el menor puede recibir una “derivación judicial” estatal, como se conoce a la disposición legal que permite que un tribunal asuma el papel de los padres o tutor del chico o a aquella que permite que el joven inmigrante eluda el consentimiento de estos.

Sin embargo, el documento aclara que si un médico “busca el consentimiento de la ORR o del personal del proveedor de atención de la ORR para realizar un aborto” a un menor inmigrante no acompañado, la política sigue siendo que ni esa entidad “ni el proveedor de atención pueden dar su consentimiento".

La subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU, Brigitte Amiri, se declaró “aliviada” de que después de tres años de batallar en la corte, el Gobierno finalmente “haya abandonado sus intentos” de impedir que los jóvenes bajo su custodia puedan acceder al aborto.

El caso, según un comunicado emitido por ACLU, es producto de una demanda que esa organización presentó en 2017 a nombre de Jane Doe, una inmigrante centroamericana que en ese entonces contaba con 17 años y quien batalló hasta que le permitieran abortar.

La organización Jane’s Due Process (El debido proceso de Jane) y otros grupos que trabajan con inmigrantes jóvenes descubrieron que ORR, que tiene la custodia de inmigrantes menores de 18 años de edad que llegaron al país sin padres, tenía como política impedir que las jóvenes embarazadas bajo su cuidado accedieran a servicios de aborto y trataba de coaccionarlas para que llevaran a término los embarazos en contra de su voluntad, detalló ACLU.

ACLU relató que Jane se enteró de su embarazo después de ser internada en un refugio financiado por el Gobierno y pese a que solicitó el aborto, los funcionarios federales lo impidieron el acceso a ese servicio y la obligaron a recibir asesoría en un “centro de crisis de embarazo” de afiliación religiosa.

Además, notificaron, sin su consentimiento, a sus familiares.

“Estoy muy contenta de saber que lo que me pasó a mí nunca le pasará a nadie más”, afirmó la joven, citada en el comunicado, quien defendió que la decisión de tener un aborto “es personal”.

El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que busca asegurar el cuidado médico para recién nacidos durante procedimientos de aborto, unos casos que ocurren con muy poca frecuencia.

Pese a que las leyes vigentes ya protegen la vida de los recién nacidos, en su orden ejecutiva Trump aseguró que en algunos hospitales se niega la atención médica a bebés extremadamente prematuros o con enfermedades, “incluso cuando los padres piden tratamiento”.

En Estados Unidos el aborto es legal en la práctica desde que en 1973 el Tribunal Supremo declaró inconstitucional cualquier interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre el embarazo.

Sin embargo, el movimiento ultraconservador y los republicanos han tratado en los últimos años de restringir o prohibir el derecho al aborto en el país.