El terremoto económico causado por la pandemia del coronavirus se deja ya sentir en forma de mayor pobreza, con un aumento del número de familias que necesitan cobrar la renta de garantía de ingresos (RGI) para sobrevivir. En concreto, en los últimos seis meses, desde que en marzo irrumpiera la primera ola de Covid, en Gipuzkoa la demanda de esta prestación social se ha incrementado un 4,75% hasta alcanzar los 13.060 beneficiarios el pasado agosto, según los últimos datos publicados por Lanbide. Desde noviembre de 2018 no se cruzaba la barrera de los 13.000 perceptores en el territorio, que sufre además el mayor incremento de demanda en este medio año en el conjunto de Euskadi. En la comunidad, hay en la actualidad 53.950 familias cobrando la ayuda social, un 2,9% más que en marzo (en Bizkaia el incremento ha sido del 1,8% y en Álava, del 4,6%). Reciben al mes entre 694 euros y 1.074 euros, en función de la composición del hogar y sin contar con los posibles complementos, como el destinado a familias monoparentales o para el alquiler de vivienda.

El aumento de la demanda ha sido progresivo y ya desde el primer mes el parón económico por el confinamiento repercutió en un leve incremento de perceptores que ha seguido como un goteo incesante. El comportamiento varía por territorios. En agosto, en el conjunto de Euskadi se registró un ligero descenso de beneficiarios (60 perceptores menos en total, un 0,2% de retroceso). No ha ocurrido así en Gipuzkoa, donde la curva de demanda de la ayuda social sigue en ascenso, de las 12.567 personas que había apuntadas en marzo a las 13.060 en la actualidad, casi un centenar más que en el último mes.

Gipuzkoa es el territorio que mayor incremento registra junto a Álava, frente al 1,8% de Bizkaia
DIFERENCIAS

Por grupos de edad, el mayor incremento de demanda lo ha representado las personas de entre 40 y 44 años (8,2%). Por colectivos, sigue destacando que un 20% de la demanda la representan trabajadores con salarios bajos, por empleos precarios o parciales, y que necesitan completar su nómina mensual con la ayuda. Las familias monoparentales suponen el 16,5% de los perceptores, mientras que las personas extranjeras necesitadas de la ayuda alcanzan el 30% del total de beneficiarios. Otro tercio son pensionistas con escasos ingresos o sin recursos.

Sin sorpresa
El incremento de la demanda de la RGI no causa ninguna sorpresa en Lanbide, donde se preveía este impacto, consecuencia del parón económico, el cierre de empresas y el aumento del paro. La gran incógnita para los responsables de Empleo es ver qué evolución tendrán los ERTEs y de qué manera repercutirá en las filas del paro y de la necesidad de ayudas sociales, una vez termine ese paraguas, que todavía patronal, sindicatos y Gobierno están negociando.

Entidades sociales como Cáritas también han sido testigo del impacto de la crisis del Covid. En Gipuzkoa, la ayuda prestada por la ONG de la Iglesia ha beneficiado a un total de 3.500 personas, de las cuales el 37% no habían acudido a esta red de apoyo al menos en el último año.

Los extranjeros suponen el 30% de beneficiarios y las familias monoparentales, el 16%
POR COLECTIVOS

La demanda de la RGI aún no alcanza los máximos marcados durante la anterior crisis económica, cuando solo en Gipuzkoa se superó el volumen de más de 15.000 perceptores. La capacidad del sistema público a cargo del Gobierno Vasco para dar una respuesta a esas necesidades no está ajustada a presupuesto; al ser un derecho subjetivo siempre existe la obligación por ley de atender el 100% de la demanda, a diferencia de lo que ocurre con las ayudas de emergencia social, que sí dependen de la disponibilidad de fondos.

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ARANTXA ALDAZ
Conscientes del impacto de esta crisis sanitaria, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales liderado hasta ahora por Beatriz Artolazabal y que ahora se desdobla en dos, con la cartera de Empleo a manos de la socialista Idoia Mendia, que también incluye Lanbide y la gestión de la RGI lanzó un plan de choque para tratar de cubrir las necesidades que ahora mismo el sistema de protección no alcanza a atender. Para ello, cuenta con un fondo de 10 millones de euros, bajo el cual se incluye una decena de programas, como la creación de una ayuda económica, que será puntual y limitada en el tiempo, para personas sin recursos que no cumplen los requisitos para acceder a la RGI y cuya situación se haya visto agravada por la crisis del Covid-19, entre ellas, personas sin techo, trabajadoras del hogar que no tienen derecho a prestación de desempleo o gente que sobrevivía en la economía sumergida.

También se ha puesto en marcha un programa de atención psicológica para duelos traumáticos, se ha tratado de mejorar el acceso de medicación a personas con problemas de salud mental, se atiende problemas de adicción a drogas con recursos nuevos o se ha reforzado el apoyo escolar en familias con hijos sin recursos durante el cierre de colegios por el confinamiento.