a crisis de Moira, los incendios que arrasaron este campo de refugiados griego que afectaron a decenas de miles de personas, provocaron el último episodio sonrojante que la UE parece estar dispuesta a soportar. Después de cinco años con el pacto migratorio de Dublín en vía muerta por, fundamentalmente, la falta de solidaridad de los propios socios, la Comisión Europea ha pisado el acelerador para impulsar un nuevo compromiso de supervisión de entrada y acogida de migrantes que implique a los Veintisiete. ¿Sus pilares? Una vigilancia más extrema en las fronteras exteriores, con refuerzo de sistemas de identificación y cribado para una devolución más rápida; el reparto sin cuotas prefijadas entre los países bajo los principios de «responsabilidad y solidaridad» voluntario a priori, pero obligatorio en los momentos de mayor tensión; la colaboración con los territorios ajenos a la UE mediante asociaciones «a medida y mutuamente beneficiosas»; y un papel mucho más activo de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, cuyo despliegue está previsto para el 1 de enero del 2021.
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