Los espasmos de indignación contra la brutalidad policial y la injusticia racial que sacuden Estados Unidos desde el pasado mes de mayo han encontrado nuevos argumentos. Un gran jurado de Louisville (Kentucky) ha dejado sin castigo a los tres policías blancos que mataron en marzo a la afroamericana Breonna Taylor tras irrumpir en la vivienda que compartía con su novio durante una investigación en la que se equivocaron de sospechosos. El controvertido veredicto del jurado popular solo acusa a uno de los policías, pero no lo hace por disparar contra Taylor, sino contra los ocupantes de una casa colindante. La resolución judicial del caso ha sido recibida con protestas en las calles de Louisville, donde ya se producido los primeros encontronazos violentos con la policía. 

El nombre de Breonna Taylor ha sido uno de los gritos de guerra de Black Lives Matter, el movimiento que ha liderado las protestas contra el racismo de los últimos meses. Personajes públicos como Michelle Obama o Oprah Winfrey reclamaron que se hiciera justicia y el liderazgo demócrata invocó su muerte para condenar los excesos policiales. Pero esa justicia se había movido hasta ahora con notable lentitud y escasa transparencia. La ciudad se negó a hacer públicos los informes de la autopsia o las imágenes que grabaron las cámaras de los agentes vestidos de paisano que irrumpieron en su casa con una orden judicial obtenida para una investigación de narcóticos. Dentro no encontraron drogas ni al sospechoso que buscaban. 

En su lugar se toparon con Taylor, una trabajadora sanitaria de 26 años que dormía cuando derribaron la puerta, y su novio, Kenneth Walker, que, antes de disparar varias veces contra los agentes con un arma obtenida legalmente, llamó al 911 para alertarles de la aparente entrada de intrusos en la vivienda. Walker salió indemne del encontronazo, pero Taylor, que iba desarmada, recibió ocho balazos en el pasillo. “Es una decisión escandalosa y ofensiva”, dijo el abogado de la víctima tras conocerse el veredicto. 

Los letrados de la policía sostuvieron durante el juicio que los agentes dispararon para protegerse y que se identificaron antes de entrar en la vivienda, una afirmación negada por Walker y varios testigos. Pero los agentes han contado con el respaldo del fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, el primer afroamericano en ocupar el cargo en la historia del estado. Republicano y muy cercano al presidente Trump, que llegó a incluirle en su lista de futuribles para ocupar la plaza en el Supremo vacante tras el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, Cameron defendió el veredicto y la actuación de los policías, que a su juicio actuaron en defensa propia. “La justicia penal no se concibió para responder a cada lamento y luto”, afirmó en una rueda de prensa. 

Pero entre los activistas de derechos civiles y los manifestantes que se echaron a la calle la frustración era palpable. Algunos lloraron tras conocer el veredicto, antes de marchar por la periferia de Louisville, que levantó barricadas en su centro urbano tras declarar el estado de emergencia. “Sé que nuestra comunidad está muy decepcionada”, afirmó la presidenta de la Urban League en la ciudad, Sadiqa Reynolds. “Vivimos en una sociedad muy racista. Pensar que se impondrían cargos contra policías blancos o cualquiera con uniforme por quitarle la vida a una joven mujer negra era una idea muy improbable en esta ciudad y este país”. 

Las próximas horas en Louisville serán de alto riesgo. Algunos medios mostraron imágenes de paramilitares blancos llegando a la ciudad, supuestamente para defenderla de los posibles disturbios de los manifestantes. Preguntado por el veredicto, Trump escurrió la respuesta para presentarse como un adalid de los derechos de los negros. “Yo amo a la comunidad negra y he hecho más por ella que cualquier presidente, quizás con la excepción de Lincoln”.