La concejala de Educación, Montserrat Ballarín, reconoció ayer que una treintena de familias autóctonas que se han negado a matricular a sus hijos en el CEIP de Poblenou Lope de Vega, por tener una tasa elevada de inmigrantes, aún no tienen escuela, y derivó la responsabilidad de la resolución del conflicto al Consorci d’Educació de Barcelona, el organismo formado por el ayuntamiento y la Generalitat al que le compete gestionar la matriculación de la ciudad.
Asimismo, la edil negó que el ayuntamiento esté propiciando un gueto en este centro, a pesar de que admitió que el consorcio intenta llegar a una solución para que entren en otras escuelas, una obligación, precisamente, que no tiene la Administración.
Las familias rechazaron ese centro por su alto porcentaje de extranjeros (un 40%, que asciende, en P – 3, al 87%), lo que ha llevado al consorcio a darles facilidades incrementando de 25 a 27 el número máximo de plazas por aula de P – 3 en las escuelas públicas y concertadas de Poblenou. Con la ampliación se intenta asumir a la treintena de niños, como informó ayer este diario.
La concejala y presidenta del distrito de Sant Martí recordó que los padres tienen el derecho a decir que no a la escuela pública asignada de oficio después de no haber logrado un puesto en la solicitada. Y añadió: “Se está haciendo todo lo posible para hablar con las partes implicadas. En estos momentos hay un proceso de diálogo con representantes de los centros del barrio, el consorcio y las familias para llegar a un acuerdo”, solución, insistió, que compete al consorcio y no al ayuntamiento.

REDISTRIBUIR LA INMIGRACIÓN
Ballarín aseguró que la Administración está llevando a cabo un “esfuerzo” para “reflotar” la escuela Lope de Vega, donde 13 de los 15 niños matriculados en P – 3 son inmigrantes, una proporción que se habría rebajado notablemente si las 30 familias hubieran aceptado el centro. Precisamente, la concejala se mostró partidaria de “intentar redistribuir la inmigración para que tenga un peso similar en todas las escuelas”.
Y esa redistribución, en su opinión, es responsabilidad de “la Administración, la comunidad educativa y las familias”.