Decenas de inmigrantes se agolpan en muelles, terreros o naves de Canarias. Mientras tanto, administraciones locales, regionales y nacionales debaten sobre competencias, cesión de espacios e incluso, en algunos casos, utilizan el fenómeno como arma arrojadiza para poner en duda la capacidad de gestión de los equipos de gobierno o despertar rechazo entre la población local hacia los ocupantes de las embarcaciones que llegan a las Islas desde el continente africano. Pese a que la gestión de la inmigración es competencia del Gobierno central, la Delegación del Ejecutivo en la comunidad autónoma ha contado con la colaboración de cabildos y ayuntamientos. En otras ocasiones, esta colaboración se ha sustituido por descoordinación o negativas de algunas corporaciones municipales a ceder espacios. El juez de control del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, desbarató este juego de responsabilidades tras una visita al puerto de Arguineguín: “Esta es una cuestión humanitaria, competencia de todos los seres humanos. Y entre todos hemos permitido que personas titulares de derechos pasen dos semanas en malas condiciones”.