madrid. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, un texto que guiará las políticas de infancia en los próximos tres años y que prevé que las guarderías públicas cubran al 33% de los niños de 0 a 3 años en 2010, 12 puntos más que en la actualidad.

En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó los “ambiciosos” compromisos de este Plan, “el primero de la historia”, que incluye 144 medidas consensuadas con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las más importantes organizaciones de infancia. Cada ejercicio, las administraciones presupuestarán las cuantías necesarias para cumplir el programa y este año, la administración central y autonómica invertirá más de 34.000 millones de euros en políticas de infancia, un 10% más que en 2005.

gratuidad En el Plan, además del compromiso de ampliar el número de plazas escuelas infantiles para alcanzar la tasa del 33%, como fijan las directrices europeas, destaca el impulso de la gratuidad de la educación infantil a partir de los tres años de edad y la decisión de aumentar el número de becas y de ayudas al estudio.

El objetivo es, según destacó Fernández de la Vega, que el 85% de los jóvenes termine el bachillerato o la Formación Profesional.

Las administraciones públicas se comprometen también a mejorar la coordinación y la información en los procesos de adopción y a impulsar la adopción de menores con dificultades especiales.

Para potenciar la atención a la infancia y adolescencia en situación de riesgo o exclusión social, se impulsarán medidas de detección precoz y atención del maltrato infantil y se prevé impulsar el acogimiento familiar, en especial el de urgencia, para los menores que, por distintas circunstancias, necesiten residir en un ambiente familiar desde un primer momento.

El Plan recoge también programas y recursos para los menores extranjeros, sobre todo dirigidos a los que no están tutelados por sus padres, y prevé desarrollar una estrategia para prevenir la migración precoz de los marroquíes.

Asimismo se incluye una reforma del proceso penal para defender los derechos de los menores víctimas de delitos.

Para los niños y adolescentes en situación de dificultad o de conflicto social, las administraciones públicas desarrollarán equipamientos residenciales y programas experimentales con medidas alternativas al internamiento.

También se pondrán en marcha actuaciones para prevenir e impedir la aparición de bandas juveniles violentas y se fijarán pautas de intervención con los menores infractores extranjeros, con el fin de estudiar sus posibilidades de inserción, formación o acceso al mercado laboral.

En otro ámbito, se desarrollará un plan integral de atención para los menores de tres años con grandes discapacidades, con el fin de facilitar su atención temprana y su rehabilitación, en el marco del futuro Sistema de Atención a las Personas Dependientes. >efe