Se acaban de cumplir 26 años desde que la primera patera llegó a Canarias. Arribó a Fuerteventura y en ella viajaban dos saharauis. Desde entonces, más de 100.000 hombres y mujeres (bebés, niños, jóvenes y mayores) procedentes de África han alcanzado las costas de las islas, pero muchos miles se han dejado la vida en el camino. Y agosto ha resultado especialmente trágico. Solo en los primeros 20 días se han contado 70 fallecidos en cayucos.

Bakari (40 años) es uno de los que han sobrevivido a la travesía en estas endebles barcazas. Él, como miles de inmigrantes, tiene una historia que contar sobre lo que dejó en su país, Malí, y los motivos que le llevaron a navegar hacia un sueño europeo, hoy con más incertidumbres que certezas. Pasó una semana acurrucado en una patera hasta alcanzar Gran Canaria. Galletas y 60 botellas de agua para 20 personas eran todas sus provisiones. Llegó con lo puesto. Ni más ropa que un pantalón y un jersey, ni teléfono móvil, ni cualquier otra pertenencia. De eso hace cinco meses. Pero su viaje aún no ha finalizado. Quiere llegar a Madrid, donde tiene amigos, y trabajar «en lo que sea».

Bakari es uno de los casi cuatro mil inmigrantes que han arribado a las islas entre enero y agosto, una cifra que según los datos del Ministerio del Interior ha supuesto un incremento del 719% respecto al mismo periodo de 2019. Otros no han podido contarlo. En torno a 360 personas han muerto en el último año sin poder alcanzar Europa, el triple que el año anterior, según la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM). Casi un fallecido al día en esta ruta arriesgada y letal. La estadística revela que por cada diez personas que han llegado al archipiélago canario, ha muerto una. Agosto ha sido especialmente dramático. A los 70 cadáveres rescatados – en 48 horas llegaron 20 cuerpos en dos pateras – , se suman 63 rostros que se tragó el mar y han sido dados por desaparecidos.

Lejos quedan los 32.000 inmigrantes que llegaron en 2006, el año de la ‘crisis de los cayucos’, pero el repunte es una realidad desde finales del verano pasado. El férreo control del Mediterráneo por la presión de los refugiados sirios ha vuelto a abrir la puerta a la ruta atlántica, con trayectos mucho más largos (hasta de 1.800 kilómetros, como han llegado a cubrir inmigrantes de Gambia) y peligrosos para estas frágiles embarcaciones, como delatan las tremendas cifras de fallecidos.

En un precario francés (su idioma materno es el soninké, una de las etnias de Malí), Bakari admite que tuvo suerte. Tanto él como sus compañeros llegaron en buen estado, aunque padece una ligera cojera como consecuencia de las lesiones que sufrió durante el viaje. Salió de su región, Kayes, y tras dos días en coche alcanzó un puerto senegalés. «Es lo que tenía que hacer», insiste. Sin trabajo ni formación, y en un país azotado por la violencia, está convencido de que emigrar era la única salida. «Allí no se puede estar tranquilo». Y allí dejó cuatro hijos con los que apenas logra tener contacto.

En la travesía le acompañaron 20 personas y el miedo. «Cada noche», confiesa ahora mirando al Atlántico que se ha tragado a tantos compatriotas, «pensé que iba a morir». Sobre todo en los días en que el viento arreciaba y las olas «se metían dentro». Recuerda que «todos se vomitaban encima, pero nadie se movía». No hubieran podido. Se lo impedían los calambres y el entumecimiento por permanecer durante una semana en la misma posición, incluso para dormir. Las galletas y el agua se acabaron a los cuatro días de salir. Pero peor que la falta de comida, era el cansancio y el cuerpo dolorido por no moverse durante una eternidad de horas.

Insiste en que quiere llegar a Madrid donde aspira a conseguir un empleo «de lo que sea» para tener la vida que vino a buscar. «Cualquier trabajo es bueno». De momento, sigue en un centro de acogida en Las Palmas de Gran Canaria a pesar de que, asegura, tiene papeles de solicitante de asilo e incluso compró un billete de avión, pero «la policía no me dejó salir».

La barcaza de Bakari tardó siete días en cubrir los 1.400 kilómetros que separan Dakar de Canarias. «Allí había mucha gente esperando para salir». Él encontró a un desconocido que quiso «hacerle un favor». Es poco probable que viajara gratis, pero se resiste a contar cuánto pagó. El coste de un ‘billete’ (a malvivir en Europa o a la agónica muerte en el agua) oscila entre los 600 y los 2.500 euros. El sueldo medio en Malí no supera los 90 euros.

Aunque lo más frecuente es que estas embarcaciones partan de Marruecos – Tarfaya, a 100 kilómetros, es el punto más cercano al archipiélago canario – la presión policial ha ido derivando las salidas hacia el sur, o sea cada vez más lejos. El negocio de unos y la desesperación de otros posibilita que partan cayucos desde Nuadibú, a 760 kilómetros, Dakar, e incluso desde Gambia.

El repunte en la llegada de inmigrantes ya fue evidente a finales del verano pasado y no ha parado de crecer desde entonces, aunque la Delegación del Gobierno en Canarias espera una importante aumento en el último trimestre del año. La preocupación por este fenómeno al alza, y por la saturación de espacios de acogida, llevó al Gobierno insular a pedir una reunión al más alto nivel con Interior. El encuentro se produjo en febrero, con escasos resultados tangibles.

Inmigrantes durmiendo en colchonetas en el suelo de una nave portuaria, madres con bebés en los calabozos de una comisaría o 72 personas ‘tiradas’ durante casi cuatro días en un muelle escenifican la evidencia más grave de esta falta de instalaciones y de las dificultades para conseguir recursos de atención adecuados.

La situación se ha visto agravada con la crisis sanitaria y la obligación de pasar una cuarentena. Ello implica que no pueden mezclarse personas de pateras distintas, un escollo más a la hora de disponer de lugares para la acogida. El 90% de los espacios en los que están instalados los inmigrantes pertenecen a la comunidad autónoma, los cabildos o los ayuntamientos, y son sobre todo residencias escolares, polideportivos o albergues. El problema añadido es que los inmigrantes llegan a las islas, pero no pueden salir. A la suspensión de las repatriaciones por la pandemia se suma la política del Estado de anular las derivaciones a otras comunidades, y a Europa para evitar el ‘efecto llamada’. Las ONG rebaten esta postura. Desde CEAR – y en una opinión compartida por el Gobierno canario, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres – se reitera que se debe facilitar su tránsito al continente. Canarias es solo un paso hacia el destino final de su viaje. De otra forma, las islas terminarán convirtiéndose en un «tapón» en el que no importan cuántas plazas de acogida se creen. Todas acabarán ocupándose.