Un informe policial desvela que, en el club de alterne Topacio, varias mujeres extranjeras – alguna de ellas menores de edad – eran obligadas a ejercer la prostitución, tras haber sido provistas, presuntamente, de pasaportes y documentación falsa.

Ante esta denuncia, el Ayuntamiento de Molina de Segura ha decidido revocar la licencia de apertura al local. Izquierda Unida pidió ayer a las administraciones que se hagan cargo de las menores, supuestas víctimas de explotación sexual en el club, y que el juzgado dicte el cierre definitivo del local por la gravedad de los hechos a los que alude la Policía Nacional en su informe sobre la actividad del establecimiento.

El informe policial revela la existencia de «caravanas de esclavas sexuales con menores, que son conducidas al Topacio», además de otras prácticas relacionadas con la prostitución y la explotación sexual. Para el concejal de IU David Hernández, «parece indignante que una actuación de estas características durante nueve años no haya derivado en el cierre por la autoridad judicial», tras lo que subrayó la necesidad de que no se repatríe a sus países de origen a las menores víctimas de estos abusos porque son «testigos fundamentales», informa Efe.

El club Topacio, situado en la N – 301 antigua, es el de mayores dimensiones de la región de Murcia y uno de los más grandes del Levante. En un día de actividad normal puede obtener una recaudación de alrededor de 26.000 euros.

El portavoz de IU denunció que la noche del jueves, cuando ya se conocía la decisión del Ayuntamiento de revocar la licencia de apertura, el club «seguía funcionando y entraba gente» e hizo un llamamiento a que «se produzca un cambio de actitud en la prostitución y dejen de consentirse estas prácticas indignas para despedidas de soltero o celebraciones de éxitos deportivos».

Documentación falsa

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) ya ha solicitado en varias ocasiones el cierre del club de alterne. En noviembre de 2004 se reclamó la clausura del establecimiento al descubrirse que varias mujeres extranjeras eran obligadas a ejercer la prostitución y portaban pasaportes y documentos falsos facilitados por las mafias que trafican con seres humanos.

Según informó la Fiscalía, en aquella primera ocasión, el juzgado no accedió a la petición, al estar la causa declarada secreta y, por tanto, no tener acceso a las actuaciones las demás partes del proceso. En diciembre de 2005, tras una redada policial en la que fue desarticulada una red de origen rumano, que supuestamente introducía de forma ilegal en España mujeres de su mismo país, se volvió a pedir la medida.

En aquella ocasión, tampoco se acordó el cierre, tal vez, debido a la continua movilidad existente en los juzgados de Molina, con cambios frecuentes en la titularidad de los mismos. Las actuaciones practicadas en su día permitieron el ingreso en prisión de seis de estos rumanos, que continúan en la cárcel.