Las redes más violentas
“¡Trabajarás para mí un año! Si no, puedes dar por muerta a tu familia en Rumania”

La tarde del lunes 5 de abril de 2004, los agentes del cuartel de la Guardia Civil de Tudela (Zaragoza) recibieron una visita inesperada. Una mujer rumana, que parecía estar algo bebida, irrumpió en las instalaciones para contar que acababa de escapar del bar en el que un grupo de compatriotas la obligaba a ejercer la prostitución. A resultas de su relato atropellado, la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado, dos años después, al rumano Ion Gabriel Tirca, alias Gabi, a 12,5 años de cárcel. Es la sentencia más severa dictada en España contra la trata de extranjeras.

La historia de la mujer, que aparece aludida en la sentencia como “testigo protegida número 16”, es similar a la de muchas otras extranjeras que han sido captadas para la inmigración ilegal con deslumbrantes promesas y, una vez en España, han sido forzadas a vender su cuerpo en clubes de mala muerte.

Un tipo llamado Ninus fue quien la convenció, en Rumania, de las ventajas de trasladarse a España para trabajar como camarera. Ninus le adelantó 300 euros para que pudiera pagar el billete de autobús y la comida. Salió de su país el 20 de marzo de 2004. Dos días después, llegó a Zaragoza. Al pie del autocar la esperaba una mujer, que la condujo hasta un piso de la ciudad.

Allí se presentó, hacia las dos de la tarde, el ahora condenado Ion Gabriel Tirca. A pesar de su juventud – contaba entonces 26 años – , Gabi ya había vulnerado la mitad de los artículos de las leyes de extranjería españolas: inmigración ilegal, falsificación de documentos, explotación de extranjeros, prostitución… “Un angelito”, lo define uno de los guardias que lo encerraron.

Gabi fue directo al grano. Espetó a la mujer que a partir de ese momento trabajaría como prostituta para pagarle la deuda que había contraído por su transporte. Ante la negativa de ella, le soltó una bofetada que le giró la cara. “¡Lo harás durante un año! Tenemos localizada a tu familia en Rumania. Si no obedeces, dala por muerta”, le advirtió. Las amenazas de Gabi no eran vanas. Según se sabría más tarde, varios familiares de una de sus muchachas recibieron palizas de muerte en Rumania.

Gabi introdujo a la chica en un coche y la llevó al Club Tatio, en Tudela. Ése local daría nombre a la operación que, a partir del testimonio de la muchacha, desplegó la Guardia Civil.

La mujer empezó a ejercer la prostitución aquel mismo día. “Gabi le prohibió expresamente que se relacionara con rumanos o con norteafricanos”, explica un portavoz de la Guardia Civil. En el caso de los primeros, por el riesgo que suponía que la chica, que no hablaba español, pudiera ponerlos al corriente de su historia. En el de los segundos, por temor a la competencia que podían hacerle al proxeneta.

El dinero que le daban los clientes, la muchacha lo entregaba a Gabi o a una mujer de la confianza de éste que controlaba su rendimiento. Ambos pagaban al dueño de local la parte proporcional por manutención y alojamiento y se embolsaban el resto. La testigo protegida número 16 jamás vio un euro.

El 5 de abril, dos semanas después de su llegada a España, la muchacha salió corriendo por la puerta del bar, paró el primer vehículo que pasaba y pidió al conductor que la llevara al cuartel de la Guardia Civil.

Dos días después de su denuncia, los agentes entraron en el club Tatio. A la testigo protegida número 16 se fueron sumando otras. La número 17 había sido traída a España, con las mismas artes que ella, el 8 de diciembre de 2003. Fue obligada a prostituirse en el club Omega, también en Zaragoza, y luego trasladada (el 26 de marzo de 2004) al Tatio. La número 19, que fue traída el 30 de noviembre de 2003, pasó también por el club Omega antes de ser trasladada al Tatio y luego al Teres, en Calatayud. De este último tugurio se escapó y acudió a la Guardia Civil.

Sólo una de las testigos protegidas, la número 18, ejercía voluntariamente la prostitución. Lo hacía en el club Tatio, y su testimonio sirvió para confirmar las denuncias de las demás. Todas ellas acusaron, además, a Gabi de haberlas golpeado y violado: “La llevó a la habitación y la obligó a mantener relaciones sexuales con él. Como [ella] no quería, Gabi le dijo que ahora mismo iba a hablar con su hermano en Rumania y éste mataría a su familia [sic]. (…) Le pegó fuerte y la penetró vaginalmente”, dijo la número 16. La número 17 “subió a su habitación con Gabi y mantuvo relaciones con él”. Sobre la número 18, recoge la sentencia: “Cuando la trajo, se la subió a la habitación y la obligó a mantener relaciones sexuales con él”.

La red de Gabi se extendía por cuatro comunidades autónomas. En su rastreo por los clubes de Aragón, Cataluña, La Rioja y Navarra, la Guardia Civil liberó en sólo dos meses a 25 muchachas y detuvo a cinco ciudadanos rumanos – dos de ellos, mujeres – y a tres españoles.

La sentencia de la Audiencia de Navarra condena a Ion Gabriel Tirca a cinco años por inmigración ilegal, y a tres penas de dos años y seis meses como autor de otros tantos delitos de prostitución. Además, deberá indemnizar con 18.000 euros a cada una de sus víctimas.

De las 3.053 extranjeras sin papeles que los agentes de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) han logrado arrancar a las redes de prostitución en los últimos dos años, más de un tercio (1.106) eran rumanas. Las organizaciones procedentes de ese país han desplazado a las mafias de otras nacionalidades, y controlan ya la mayor porción del mercado del sexo en España.

Los proxenetas rumanos controlan la prostitución en Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y acaparan una parte importante del negocio en Andalucía y Baleares, según fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Documentación.

Las causas de ese auge tienen que ver con que Rumania es el país cuyos flujos migratorios hacia España han crecido más en los últimos años. El que sus ciudadanos alcancen la Península por carretera facilita y abarata el transporte de las mujeres por las redes, y permite a éstas ofrecerlas a los españoles que regentan los clubes de alterne a un precio bastante más bajo que sus rivales de otras nacionalidades. Por último, sus organizaciones son, “con mucho”, las más violentas en el trato a las muchachas que caen bajo su dictado: “Mientras las redes latinoamericanas no suelen pasar de las amenazas, y las de subsaharianos las intimidan con ritos de vudú, en las rumanas son frecuentes las palizas y las violaciones en grupo”, explica un responsable policial.

Las mujeres rumanas en manos de estas organizaciones son más jóvenes que sus compañeras de infortunio de otros países, y nunca logran escapar a sus captores, que conocen el domicilio de sus familias en Rumania y en cualquier momento pueden hacer cumplir sus amenazas.