La Unión Europea no dio ayer signos de progresar hacia una política común de inmigración – como España desearía y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó el martes al Parlamento europeo – , pero reforzó su discurso ante el problema, en línea con lo que viene sucediendo desde los episodios de Ceuta y Melilla vividos el año pasado.

Las conclusiones de la cumbre europea que los líderes comunitarios aprobarán hoy insisten en el Enfoque Global de la Migración que los Veinticinco aprobaron el pasado mes de diciembre tras haber evocado España el problema en Hampton Court, dos meses antes.

Y se establecen urgencias. La cumbre, por ejemplo, reclama expresamente que avancen las deliberaciones sobre el plan de acción de la Comisión en materia de migración legal, y que se lleve a cabo el informe que el Ejecutivo comunitario debe presentar a finales de año sobre actuaciones en materia de inmigración y seguridad, en seguimiento de los acuerdos de Hampton Court.

Medidas

La cumbre asume las medidas de cooperación puestas en marcha a raíz de la crisis de los cayucos en Canarias y pide que «se intensifiquen los esfuerzos para establecer una cooperación marítima operativa que permita desarrollar medios de vigilancia adecuados en las fronteras marítimas y que se creen equipos de intervención fronteriza de urgencia».

La música de los acuerdos comunitarios en esta materia es del agrado de España, como reconocían ayer fuentes de La Moncloa. Califican de «prioridad» el fomento de la cooperación en materia de migración con los países africanos y otros vecinos, y reclama el establecimiento de un «diálogo equilibrado sobre migración» con los Estados africanos, las organizaciones regionales y la Unión Africana, en una conferencia panafricana sobre migración y desarrollo.

La inclusión, por segunda vez consecutiva en una cumbre, de la problemática de inmigración ha sido el resultado de una iniciativa española, que ha sido bien acogida por el resto de los Estados miembros.