Rangún (Birmania), 25 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que las autoridades birmanas continúan con la ocupación de terrenos rohinyás cuando se cumple el tercer aniversario del inicio de la limpieza étnica de esta comunidad predominantemente musulmana.

En un informe, la ONG señaló que han detectado a través de vídeos e imágenes de satélite la construcción reciente de edificios oficiales en terrenos que pertenecieron a musulmanes rohinyás expulsados de la aldea Nan Yar Kone en el estado Rakáin (Arakán) en 2017.

El 25 de agosto de ese año, en respuesta a un ataque de un grupo guerrillero rohinyá, los militares lanzaron una operación de limpieza, con asesinatos, violaciones y quema de casas, que causó en los siguientes meses el éxodo a Bangladesh de más de 730.000 miembros de esta minoría perseguida.

Desde entonces, los terrenos de las casas destruidas de los rohinyás han sido ocupadas por edificios oficiales o por miembros de la minoría budista rakáin, la mayoritaria en el estado.

AI afirmó que la construcción en Nan Yar Kone se produce a pesar de las medidas cautelares impuestas a Birmania (Myanmar) por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en el marco del proceso por presunto genocidio del Estado birmano contra los rohinyás.

La ONG indicó que los activistas rohinyás están arriesgándose a realizar los vídeos de estas construcciones a pesar de las restricciones de movimiento en la zona y el bloqueo desde hace meses de las señales móviles de internet, excepto el 2G, impuesto por las autoridades.

El Gobierno ha alegado que las limitación de internet obedecen al conflicto armado entre las fuerzas armadas birmanas (Tatmadaw) y el Ejército Arakán (AA, siglas en inglés), la guerrilla del grupo étnico rakáin.

“Es como si nos encontráramos en una nueva guerra después de acabar otra. El AA y el Tatmadaw habían estado luchando casi a diario cerca de nuestra aldea”, dijo a Efe U Shawfi, un líder rohinyá en la aldea Phon Nyo Leik, en el norte de Rakáin.

Shawfi afirmó que hace un mes que no hay combates en su área, pero continúan las restricciones de movimiento de los rohinyás, incluidos unos 120.000 hacinados en campos de desplazados desde los brotes de violencia entre musulmanes y budistas rakáin en 2012.

El Gobierno niega la ciudadanía y otros derechos a la gran mayoría de los 600.000 rohinyás que continúan en Rakáin, al tiempo que son discriminados en el acceso a la educación y la sanidad.

Además, los rohinyás no podrán votar en las próximas elecciones de noviembre y la Comisión Electoral ha vetado a los pocos candidatos de esta minoría que se han postulado para los comicios.

Aunque llevan varias generaciones en el país, los rohinyás son considerados por muchos birmanos como inmigrantes ilegales de Bangladesh, donde tampoco son reconocidos, lo que los convierte en apátridas.

Ante la amenaza de la pandemia de la COVID-19, los rohinyás también se encuentran expuestos por las deficientes infraestructuras sanitarias en Rakáin y en los campos de refugiados de Bangladesh.