Abogados y policías andan a la gresca a causa de las devoluciones de inmigrantes en la frontera francesa. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha presentado una queja formal al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, debido a las manifestaciones vertidas por los dirigentes de los sindicatos policiales CEP y SUP.

El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, declaró que «para el Colegio de Abogados de Figueres sería una auténtica mina de oro el personarse en defensa de los intereses de 84.000 acuerdos de readmisión oficiales que se producen cada año».

En su misiva al ministro, el presidente del Consejo de la Abogacía, Carlos Carnicer, argumentó que «considerar el servicio de asistencia jurídica a los inmigrantes un negocio rentable constituye, además de un total desconocimiento del funcionamiento del servicio público, del trabajo que conlleva y de la indemnización compensatoria, un inútil deseo de alejar las responsabilidades que pudieran derivarse de una deficiente actuación policial». Carnicer también opinó que las declaraciones policiales suponen un grave atentado contra los Derechos Humanos.

La polémica saltó la semana pasada tras una orden de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa que obligaba a hacer las devoluciones de los inmigrantes en frontera con asistencia jurídica. Hasta ahora, los agentes aplicaban el acuerdo de readmisión con Francia y devolvían al país vecino – sin presencia de letrado – a los inmigrantes que llegaban masivamente en autocares. Los sindicatos policiales estiman que si el Pirineo ya era un auténtico coladero, con la nueva instrucción las entradas de sin papeles se pueden multiplicar.