La mayoría de los grupos políticos de Canarias ofreció ayer su respaldo al presidente regional, Ángel Víctor Torres, en su exigencia al Estado de que siga desempeñando todas sus responsabilidades en inmigración y le instaron a mantener la «firmeza» expresada en la reunión sectorial celebrada el miércoles con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el titular de Migraciones, José Luis Escrivá.

Torres ha señalado su rechazo, en tanto no se dote economicamente y se aporten espacios, al protocolo que está elaborando el Ministerio de Migraciones que deja en manos de las comunidades autónomas la atención a los inmigrantes positivos de coronavirus y a sus contactos estrechos. Incluso ha indicado que está dispuesto a que este asunto lo dilucide la Justicia si no se alcanza un acuerdo con Madrid.

Los grupos Nueva Canarias, Podemos y ASG, que apoyan al Gobierno, valoraron ayer esta posición de «firmeza» del presidente una persona incluso se declaró «sorprendida en positivo por el tono», pero también lo hicieron los partidos de la oposición PP y CC, que hicieron hincapié en el «abandono» de Madrid a Canarias respecto al fenómeno migratorio.

Coincidieron todos los portavoces en que la inmigración es una responsabilidad del Estado que no puede quedar en manos de las comunidades autónomas. Subrayaron además la singularidad del archipiélago al ser frontera sur de España y de la Unión Europea y, como tal, es un asunto que se debe atender entre todas las administraciones y disponer los medios precisos para acoger de manera digna a los inmigrantes que llegan a las costas canarias. Apostaron igualmente por adoptar las medidas necesarias para afrontar este desencuentro con el Estado.

En este sentido, el presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, considera «indudable» que se deben «salvaguardar» los intereses de la comunidad autónoma con todos los medios al alcance. «Primero los políticos, pero si no es suficiente, los jurídicos» e insistió en que el Estado debe atender la singularidad del archipiélago, no sólo en la inmigración sino para hacer frente a la difícil situación económica generada por la pandemia.

«No sé que más tiene que ocurrir para que Torres se dé cuenta de la falta de sensibilidad de Madrid con Canarias», apuntó la líder del PP canario, Australia Navarro, quien espera que el presidente regional mantenga la posición con Madrid «hasta las últimas consecuencias» ante un protocolo «absurdo». Tanto Navarro como la diputada de Coalición Canaria Socorro Beato hicieron hincapié en los pocos avances que se han producido desde la cumbre de inmigración de febrero, después de que se advirtiera un repunte en la llegada de pateras desde el otoño de 2019. Para la parlamentaria nacionalista, el Protocolo es una «patada hacia adelante, que es una forma de hacer las cosas cuando no se quieren buscar soluciones».

También la portavoz de NC, Esther González, se mostró tajante al señalar que «ya está bien» de hacer dejación de las responsabilidades por parte del Estado y defendió la búsqueda de una salida que evite tener que asistir a otra escena como la de los inmigrantes durmiendo durante cuatro días en un muelle. Madrid, dijo, es responsable de ofrecerles una acogida «digna y decente». En este sentido, Australia Navarro indicó que los canarios «no tenemos por qué asistir a estas situaciones tremendamente duras e inhumanas». Por su parte, el portavoz de Podemos, Manuel Marrero, destacó que el Estado no puede dejar su responsabilidad en mano de las comunidades autónomas aunque entiende que Canarias puede colaborar en la gestión de este fenómeno. En cualquier caso, la solución «debe venir rápido», dijo.

Por otro lado, la decisión del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, de esperar a septiembre para conocer la situación de la inmigración en Canarias fue calificada de «broma» por Curbelo, «indignante» según González o de «falta de seriedad» por Beato. Para Navarro, tanto Escrivá como Grande Marlaska, «están desaparecidos».

La excepción a los comentarios de los grupos políticos fue la del PSOE cuyo diputado nacional, Luc André Diouf, prefirió no valorar este asunto al entender que «pronto habrá un acuerdo» entre Madrid y Canarias.