Cruz Roja desmantelará, entre esta semana y la próxima, las instalaciones levantadas en una parcela de la Zona Franca en Arinaga destinada a acoger inmigrantes. Ante la demora aún de varios meses para obtener todos los permisos requeridos y la licencia municipal, la ONG ha optado por recoger el campamento porque «toda esta tramitación no estará hasta octubre o noviembre e incluso podría retrasarse hasta el próximo año».

Una vez sea recogido, las carpas y el resto del material se almacenará «en Canarias, si tenemos esa capacidad o si no, se enviará a la península» en espera de poder ser utilizado. Insisten estas fuentes en que, de momento, y a expensas de la decisión que adopte la Delegación del Gobierno al respecto, este material será guardado para cuando pueda ser ubicado en Arinaga porque «de momento, no hemos renuncia al proyecto ni retirado la solicitud de licencia del Ayuntamiento de Agüimes».

INICIATIVAS PENDIENTES
Ausencia
Al ministro de Interior, Grande-Marlaska, se le acumulan varias peticiones de comparecencia en el Senado.
Movimientos
Está asimismo pendiente que la Guardia Civil explique los cambios en el control de los flujos migratorios.
Medidas
Ante la previsión de que siga aumentando la llegada de pateras CC exige al Gobierno acciones concretas.
Defensa
El Ejecutivo estatal no ha dado respuesta sobre la cesión del cuartel de Arrecife para atender a inmigrantes.
Detalla Cruz Roja que además de la licencia municipal se precisa contar con un informe positivo de la Agencia de Seguridad Aérea (Aesa) y de la Consejería de Sanidad, puesto que en estas infraestructuras también podrían ser ocupadas por personas en cuarentena o con coronavirus.

El repunte en la llegada de pateras, unido a la suspensión de extranjeros a otras comunidades autónomas y de repatriaciones, así como al cierre del CIE de Barranco ha provocado un auténtico problema para las ONG que atienden a los inmigrantes que llegan a las costas de las islas por falta de recursos.

Para superar esta situación, la Delegación del Gobierno impulsó el campamento de Arinaga, que estaría gestionado por Cruz Roja, en suelo cedido por la Autoridad Portuaria en Zona Franca. Estas instalaciones están proyectadas para acoger entre 600 y 900 personas.

Sin embargo, la iniciativa contó desde el primer momento con la posición en contra del Ayuntamiento de Agüimes por entender que incumple la normativa municipal, ya que el terreno no es apto para acoger personas, y además, desde el punto de vista humanitario, la zona tampoco es adecuada para este fin. Aún así, el alcalde de Agüimes, ha reiterado que esta postura afectará a la concesión de la licencia si el proyecto cumple con todos los requisitos que prevé la normativa. Aunque la Ley de Puerto prohibe también de manera expresa el uso residencial o habitacional pero deja abierta la vía de uso para fines sanitarios o sociales.

En cualquier caso, la tramitación del expediente podría prolongarse varios meses, por lo que Cruz Roja ha decidido desmantelar el campamento en espera de que pueda contar con todos los permisos porque «el material no puede estar allí sin utilizar porque sufre un importante deterioro, y además es necesario pagar personal de seguridad».

De momento, el Estado mantiene su negativa a recuperar las derivaciones de los inmigrantes a otras comunidades autónomas, a pesar de la previsión anunciada por el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, de que después del verano habrá un importante repute de pateras.

Su objetivo para hacer frente a esta situación es la habilitación de una red estable de centros de acogida, sobre todo dependientes del Ministerio de Defensa. El primero de estos recursos que se pondrá en marcha será el CIE de El Matorral, en Fuerteventura, aunque no tiene fecha de apertura.

El fenómeno de la inmigración está en el orden del día de la comisión bilateral Canarias-Estado, pendiente desde hace meses y que, a día de hoy, tampoco tiene fecha de celebración.