VITORIA. DV. Los recursos sociales encargados de atender las necesidades básicas de las 1.800 personas que, según el Eustat, carecen de hogar o están en situación de exclusión grave en Euskadi son amplios y diversos, pero están concentrados en las tres capitales vascas y están saturados.

Esta es una de las conclusiones del informe extraordinario elaborado por el Ararteko y presentado ayer por Iñigo Lamarca en el Parlamento Vasco, donde reclamó la creación de una «red de atención sólida» que permita afrontar el previsible aumento de los casos de pobreza extrema en los próximos años motivado, entre otras razones, por el fenómeno de la inmigración.

No en vano, el 50% de las personas que hoy en día acude a los comedores sociales, albergues, centros de acogida diurna o nocturna son inmigrantes, y se prevé que el número de excluidos aumente como consecuencia de las dificultades que encuentran los extranjeros para, por ejemplo, empadronarse y acceder a otro tipo de prestaciones y ayudas sociales.

Perfil de los excluidos

Al igual que el Eustat, el Ararteko incidió en que, en la actualidad, el prototipo de personas excluidas no se corresponde únicamente con el de un hombre solitario, de mediana edad, que se desplaza de un lugar a otro con sus bolsas y presenta signos evidentes de trastorno psicológico, sino que el abanico es más amplio e incluye cada vez a mas jóvenes, más mujeres, en algunos casos a familias completas y en la mayoría de los casos a personas toxicómanas y con enfermedades mentales.

«En Euskadi existe un tercer mundo al que le damos la espalda y todos deberíamos ser conscientes de la existencia de personas y de realidades en situación de exclusión social grave que podemos denominar como bolsas del tercer mundo en Euskadi», lamentó Lamarca.

«Carencia clamorosa»

El Ararteko insistió ayer en la necesidad de constituir una «auténtica red» que agrupe al conjunto de recursos sociales que, tal y como indicó, han ido surgiendo según las necesidades y que han ido «autoregulándose» sin unos criterios homogéneos o estandarizados por la multiplicidad de órganos y entidades relacionadas con la atención a las personas sin hogar. A fin de evitar dicha situación, reclamó al Gobierno Vasco la elaboración de una ley que establezca con claridad las competencias de cada institución y regule los recursos con criterios y protocolos comunes.

La mayoría de los recursos sociales están gestionados por 45 entidades privadas que operan en Euskadi con fondos públicos y nueve de cada diez recursos están en las capitales de más de 50.000 habitantes. En ese sentido, Lamarca calificó de «carencia clamorosa» la inexistencia de servicios de atención a este colectivo en el resto de ayuntamientos.

Para el Defensor del Pueblo, los recursos sociales existentes están «al límite de sus posibilidades» y además considera que no se atiende de forma conveniente a personas en situación de extrema pobreza con problemas mentales que, en la mayoría de los casos, derivan del consumo de drogas sintéticas. En ese caso, el Ararteko detecta una situación de «especial desprotección» por falta de plazas para este colectivo que necesita acceder a recursos residenciales tutelados.