Tras su encuentro con Zapatero, el presidente autonómico anuncia la creación de una comisión permanente que abordará la inmigración irregular El presidente de Canarias, Adán Martín, reclamó ayer al Gobierno central que cambie la Ley de Extranjería para agilizar las expulsiones de inmigrantes cuando las llegadas se producen de manera masiva. Así se lo transmitió ayer el jefe del Ejecutivo autonómico al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la esperada reunión que mantuvieron ayer en el Palacio de la Moncloa.

Durante el encuentro, Zapatero – que viajará a las islas a mediados de julio – se comprometió a crear una comisión permanente entre ambas administraciones, que se reunirá mensualmente, para abordar el control de los flujos migratorios y acordó estudiar el traslado de menores a la Península cuando se rebase la capacidad de acogida de Canarias.

La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, también afirmó, al término de la reunión, que se desplazará al archipiélago a finales de junio junto con el comisario europeo de Seguridad, Libertad y Justicia, Franco Frattini, para comprobar in situ el dispositivo europeo de vigilancia marítima.

Martín lanzó al presidente del Gobierno un mensaje claro ante la crisis que se ha generado por la oleada de cayucos: «No se aplatane ni baje la guardia. No nos podemos dormir en los laureles, ni ir por detrás de los acontecimientos. Necesitamos una reforma urgente de la Ley de Extranjería». La idea del Gobierno autonómico es lograr que si se demuestra que un barco cargado de cientos de sin papeles ha salido de un determinado país africano, se pueda devolver la nave a ese país sin necesidad de tener que identificar a todos y cada uno de los inmigrantes.

Este trámite, además de ser muy farragoso, es muchas veces inútil porque los extranjeros no llevan documentación y mienten sobre su país de procedencia. Así, la expulsión de los inmigrantes subsaharianos se convierte en un proceso difícil de acometer y, de hecho, según la Delegación del Gobierno en Canarias, sólo se ha expulsado al 6% de los 10.000 que han entrado en 2006.

Desde el Ejecutivo autonómico ponen el ejemplo de las compañías aéreas que cuando trasladan a inmigrantes sin papeles, a éstos ni tan siquiera se les permite entrar en España y la compañía debe cargar con los costes del retorno. Este proceso de devolución es más sencillo que el de expulsión, cuando los extranjeros pisan ya territorio español. Los responsables autonómicos opinan que este procedimiento se podría ejecutar en el mar, siempre y cuando se realicen primero las labores humanitarias con los inmigrantes.