La presidenta de una federación de inmigrantes denuncia el «clientelismo» y el «miedo» de las asociaciones a la Generalitat Se llama Laura Rojas, tiene la doble nacionalidad española y venezolana, y es presidenta de la Federación de Asociaciones Americanas de Cataluña (FASAMCAT), que agrupa a 39 entidades de inmigrantes latinoamericanos.

El pasado viernes, 9 de junio, acudió junto con otros cinco representantes de colectivos como el suyo a la sede del PP de la calle Urgel de Barcelona. Allí escuchó de labios de Ana Pastor, Rafael Rodríguez Ponga, y otros dirigentes nacionales y regionales del partido, como Alberto Fernández Díaz, su visión sobre las consecuencias que el Estatuto tendrá para los inmigrantes.

En particular, los populares les informaron de la frontera que en la práctica se establecerá entre Cataluña y el resto de comunidades españolas para la libre circulación de trabajadores extranjeros. Por su parte, los inmigrantes coincidieron con sus anfitriones en comentar las dificultades de integración que la lengua catalana, aun antes del Estatuto, acarrea en sus colectivos.

Para Laura, aquel foro político sectorial era uno más de los que en nombre de su federación viene manteniendo de manera habitual, según cuenta, con todos los partidos políticos, incluidos los del tripartito; uno más de los que, en el marco de la campaña del referéndum, había mantenido ya con CiU y con Ciutadans de Catalunya, dado que ni el PSC ni ERC la habían convocado.

Lo que le sorprendió, mejor dicho, lo que le indignó, fue recibir el lunes siguiente, al mediodía, una llamada de la Generalitat. En concreto, fue Saoka Kingolo, un congoleño que trabaja en la Secretaría para la Inmigración del Gobierno catalán, quien la telefoneó para afearle su asistencia a la reunión.

Según su propio testimonio, el funcionario quiso saber si era cierto, tal como se había publicado en teletipos, que se había reunido con el PP. Asimismo, le inquirió sobre si las impresiones recogidas por Ana Pastor a la salida de la reunión se correspondían con lo hablado a puerta cerrada por las asociaciones.

Además, y en todo caso, lo que al representante de la Generalitat parecía interesarle era si el PP había hecho un «uso indebido» de la voz de los inmigrantes. En último término, Kingolo no olvidó advertir a Laura que, al menos de lo publicado, lo que se desprendía es que su federación quedaba «estigmatizada» por el PP.

«Me molestó», declaraba luego Laura a este diario. «Me molestó mucho que me hiciera todas esas preguntas que no me hizo nadie cuando me reuní con otros partidos. ¿Por qué el PP puede hacer un uso indebido y los demás no?», se preguntaba, todavía enfadada.

Y es que la anécdota revelaba, a su parecer, una realidad de fondo preocupante. No sólo la de que un partido sea «perseguido» en Cataluña, sino que «hay un temor real en el tejido asociativo». «La gente no actúa libremente por temor a perder las subvenciones. El clientelismo político está instalado, y la gente calla o no va a los actos que puedan comprometer sus necesarias relaciones con la Administración catalana». «¿Que por qué hablo yo? Primero, porque me parece una injusticia, pero, además, porque a nuestra federación ya la castigaron al llegar al poder porque a pesar de su apoliticidad y aconfesionalidad, se la tildó de estar con CiU o con el PP, y ahora nos defendemos con ayudas privadas».

Laura recuerda cómo la Diputación de Barcelona le negó un local que pocos meses después cedió a una federación rival, creada con la llegada del tripartito y tras un asalto infructuoso al gobierno de FASAMCAT. Lamenta también los «50.000 euros de subvención» que recibe esta segunda entidad de inmigrantes, frente a los «6.000» abonados por la Administración la semana pasada a su federación.