La acuciante necesidad de las personas extranjeras que se encuentran en nuestra región a la hora de regularizar o renovar sus papeles está siendo aprovechada por empresas y particulares para hacer un buen negocio irregular. Se trata de gestorías, bufetes de abogados o incluso locutorios que se dedican a sacar cientos de euros a estar personas por tramitar una cita para estos trámites. Una supuesta corruptela en la que se ha llegado a colapsar el sistema del Ministerio del Interior y que ha llevado a una investigación interna en la que hay implicados también funcionarios y administrativos de estas oficinas.

Si bien es cierto que, a raíz de esas pesquisas, en el ámbito policial se ha puesto coto al tema, ahora se está pidiendo dinero (y bastante) para las citas en las oficinas de la Delegación del Gobierno en Madrid. «Me han llegado a exigir 500 euros por conseguirme una cita», explica una mujer de origen iberoamericano que ha sido víctima recientemente de hechos de este tipo.

Estas «corruptelas» comenzaron hace tiempo, pero en las oficinas dependientes de la Policía Nacional, que es donde se ha atajado ya el asunto. Se ha puesto el caso en manos del juez y de la autoridad disciplinaria del Cuerpo. El sistema de petición de citas telemáticas estaba siempre colapsado porque las gestorías y bufetes las pedían a mansalva. Para ello, explican diversas fuentes consultadas, se valían de información privilegiada que, presuntamente, les facilitaban personal administrativo e incluso policías que eran conocedores de «cuándo se abría la agenda». Es decir, cuándo se ponían a disposición del público esas fechas.

De este modo, cuando una persona necesitaba conseguir su turno, se daba cuenta de que en apenas unas horas se habían agotado todas, porque estas empresas las habían acaparado. Para ello, utilizan una lista de diez o veinte nombres y NIE de amigos o conocidos, que utilizan para registrar las solicitudes. Pueden ser para solicitar la tarjeta, para su renovación o por una supuesta pérdida. Pero el sistema no discrimina a quiénes se encuentran en una situación u otra, por lo que permite a las gestorías obrar de esa manera. Luego, cuando captan a sus «clientes», les ofrecen la cita ya concertada con los nombres de los «hombres de paja» y los cambian por los de quienes han pagado por los suyos.

«Difícilmente accedes a estas citas, porque las gestorías y bufetes cobran desde 50 euros a 400 euros, en función del trámite trámite. Los beneficios son extraordinarios, si calculas esas cantidades por diez o veinte personas al día y las multiplicas por todas las de un mes», explica una de nuestras informantes.

800 casos sospechosos por funcionario
Pero la alarma saltó y la Policía comenzó a investigar el asunto, habida cuenta de que en sus oficinas (avenida de los Poblados, calle de Silva, Luna, etcétera) había funcionarios y personal administrativo que acumulaban hasta 700 y 800 citas «sospechosas» en solo un año. En la actualidad, en la Brigada de Extranjería el asunto está más controlado, puesto que se ha reducido al mínimo el número de personas encargadas de publicar las listas y son, además, de total confianza. Así, se han evitado esas filtraciones. «De hecho, ahora las gestorías y bufetes se están quejando de la demora en esas citas, pero es que buena parte de ellas, decenas, se beneficiaban de estas prácticas», explica otra fuente.

En internet, de hecho, abundan los negocios de este tipo que «venden» este trámite de petición de citas e incluso ofrecen trucos (así lo denominan) para conseguir una: desde las veces continuas que hay que intentar acceder al sistema hasta las horas (normalmente, de madrugada) a las que se abren las agendas. Si antes se agotaban en cinco minutos, ahora tardan entre 24 y 48 horas, con entre 300 y 500 peticiones conseguidas al día.

Pero las gestorías siguen traficando con ellas. Como decimos, ahora lo hacen con los turnos para hacer el trámite de presentación de los primeros papeles en Delegación del Gobierno, pidiendo 500 euros por ello: «Una persona extranjera tiene el derecho a residir en nuestro país, y para ello debe ser reconocido primero en Delegación del Gobierno. Luego, debe acudir a las oficinas policiales de Extranjería para conseguir el NIE o el documento en cuestión. «Es inmoral, pero no está claro que sea ilegal. Otra cosa es que hubiera personal de la Administración lucrándose con ello, pero no está comprobado», explican.

En cuanto a las personas que se dedican a ello, hay de todo tipo de nacionalidades. Desde gestores o abogados que tienen clientela de origen latinoamericano a quienes son expertos en comunidades asiáticas. «Es una barbaridad, y no hay derecho a ello», explica una agente especializada en estos trámites. Las quejas que están haciendo públicas estos despachos, dice, son debido al coto que se ha puesto desde la Policía en las oficinas que dependen directamente del Cuerpo. Y por eso, añaden, se está trasladando el problema a otras instancias, como la Delegación del Gobierno.

También hay locutorios que se dedican a este tipo de prácticas irregulares. De hecho, en el entorno de las colas que se forman en la avenida de los Poblados y del intercambiador de Aluche, se reparten «flyers» (pasquines) de lugares donde se cobran 50 euros para agilizar el trámite.

Colapso actual después del confinamiento
Han sido tres meses de confinamiento y ello también ha pasado factura al sistema de citas y demás trámites en las oficinas de Extranjería. Si ya de por sí se producían largas colas en lugares como la avenida de los Poblados, la pandemia ha provocado que se estén tramitando hasta medio millar de expedientes al día para descongestionar ese tapón administrativo.

ABC ya explicó que, además, existen mafias de la prostitución están utilizando las peticiones de asilo para refugiados para mantener «legalizadas» a las chicas. Las llevan en autobuses hasta la zona, tramitan esas solicitudes y, una vez que tienen el resguardo o la documentación, se la arrebatan, las suben en autobuses y las trasladan hacia los lugares donde las están explotando.

Para unos y otros casos, los expertos reconocen que el sistema es imperfecto y que está facilitando esta picaresca que al final repercute en la seguridad ciudadana y de las mujeres esclavizadas.