La permanencia de 500.000 personas es más barata que la deportación LONDRES. – La inmigración vuelve a ser asunto de polémica en el Reino Unido. Ayer, Downing Street tuvo que salir al paso del ruido mediático provocado ante la posibilidad de que el Gobierno británico conceda una amnistía a más de medio millón de inmigrantes ilegales. Los diarios conservadores magnificaron las declaraciones del nuevo secretario de Estado de Inmigración, Liam Byrne, a un comité parlamentario este pasado martes, y la reacción ayer no se hizo esperar.

En la Cámara de los Comunes, Byrne – que lleva sólo 12 días en el puesto – se negó a excluir la posibilidad de una amnistía, y señaló que su equipo lo estaba estudiando. Pero la medida, de llevarse a cabo, provocaría una polvareda entre una prensa popular furiosamente contraria al aumento del número de inmigrantes en este país. El resto de la Unión Europea también se vería afectada, pues una vez que los ilegales pudiesen quedarse en el Reino Unido, también podrían moverse libremente por el resto del territorio europeo. «No hay planes para una amnistía», se apresuró ayer a señalar el portavoz oficial de Tony Blair en su encuentro diario con los periodistas. «Liam Byrne se limitó a hacer el trabajo de un buen secretario de Estado, que es el de recoger todos los hechos y el análisis».

Pero el daño ya está hecho. Para David Davis, el portavoz de Interior del Partido Conservador, sólo especular con la posibilidad de una amnistía resulta ya «irresponsable», sobre todo dado el «bajo grado de protección de nuestras fronteras. Una amnistía conduciría a una llegada masiva e incontrolada de personas», pero algunos expertos consideran que la amnistía resultaría más barata que la deportación. El IPPR, un organismo de pensamiento de corte izquierdista, considera que deportar a los ilegales costaría unos 6.000 millones de euros y al menos 15 años de búsqueda e identificación. Por el contrario, si se les deja quedarse y se les da un permiso de trabajo pero no la nacionalidad, el Estado ingresaría unos 1.000 millones de libras.

Estos cálculos son rechazados por la opinión pública, que considera la amnistía como un peligroso imán para todos aquellos inmigrantes que todavía no se han decidido a venir al Reino Unido de manera ilegal. Según datos oficiales, en el Reino Unido hay entre 310.000 y 570.000 inmigrantes ilegales. Pero según un grupo de presión llamado Migrationwatch, el número puede elevarse a 870.000. Hace un mes, el secretario general del mayor sindicato británico, Jack Dromey, abogó por una amnistía diciendo que sería «inmoral» deportar a medio millón de personas.

El ex ministro del Interior, David Blunkett, no ayudó ayer al Gobierno en toda esta polémica cuando decidió revelar en un programa de máxima audiencia de la BBC que ya en 2003 el Ejecutivo había discutido la posibilidad de conceder una amnistía. Blunkett explicó que él no la hubiera aprobado, sin embargo, hasta la introducción del carné de identidad. «Hasta ese momento, se carecen de incentivos para que la gente dé un paso adelante y se identifique», señaló Blunkett.