Si «arbitraria y caprichosa», según la Universidad de Harvard, fue la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar el visado a los estudiantes internacionales que no sigan las clases de forma presencial durante estos tiempos de pandemia, igual de sorprendente resultó este martes el anuncio de revertir la orden «y volver al estatus quo».

El gobierno esperó a estar delante de un juez para comunicar el cambio de rumbo. La jueza Alison Dale Burroughs, que tuvo que dar por concluida la audiencia nada más empezar, fue la primera sorprendida. A la demanda de la universidad más prestigiosa de EE UU se habían sumado ya más de 200 universidades y 17 estados, además de Washington DC. No es que el gobierno de Trump se deje intimidar por la presión, pero esta vez debió de ver la batalla muy cuesta arriba.

Con el coronavirus repuntando en la mayor parte de los estados, el país batiendo récords y Trump por fin vistiendo la mascarilla, el argumento de que obligar a las universidades a dar clases presenciales para poder retener a más de 1 millón de estudiantes extranjeros pondría en peligro la salud pública, parecía más justificado que nunca.

Habrá, sin embargo, Consecuencias. El mandatario ya tuiteó la semana pasada que ordenará al Departamento del Tesoro revisar el status de exención fiscal del que gozan demasiadas universidades y sistemas escolares que no enseñan sino que imparten en Doctrina Radical de Izquierda». Con ello también daba una baza legal a los abogados que tendrán que combatir esta nueva amenaza en los tribunales, al estilo Trump, ya que la ley prohíbe revisar las exenciones fiscales »basándose en sus creencias ideológicas».

La batalla llega demasiado tarde en la planificación del curso escolar como para que los estudiantes internacionales puedan elegir otro país para su formación. Algunos incluso se enfrentaban a la tesitura de volver a países donde su vida peligra, como Venezuela o Arabia Saudí. Allí tendrían problemas que no encaran los 7200 jóvenes españoles afectados, pero que también fueron arrojados al limbo en medio de sus estudios. El argumento de inmigración de que ya habían advertido a las universidades de que las directrices migratorias estaban sujetas a cambio según las circunstancias de la pandemia no era suficientemente convincente como para evitar un varapalo legal. El gobierno ha preferir plegar velas y cambiar de estrategia, sin renunciar a utilizar el coronavirus como excusa para los propósitos nacionalistas del mandatario.