En el año 1994, la Junta de Seguridad de Cataluña – compuesta por representantes del Gobierno Central y de la Generalitat, de forma conjunta – decidió que el Gobierno catalán asumiera las competencias de seguridad ciudadana en su territorio.

Se optó por pactar un modelo de sustitución que comportaba el repliegue progresivo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de forma paralela al despliegue de los Mossos d’Esquadra en la comunidad. Este despliegue culminará el año 2008, de forma que en la actualidad los Mossos aún no tienen las competencias de seguridad ciudadana ni en la mitad sur de las comarcas de Barcelona (Vallès Occidental, Baix Llobregat, Garraf y Alt Penedès) ni en ninguna de las comarcas de Tarragona. En estos puntos continúan siendo competentes la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Y es a estas zonas donde recientemente se han enviado los refuerzos policiales que anunció el Ministerio del Interior.

Por tanto, estos agentes no han venido, en ningún caso, a realizar el trabajo de los Mossos d’Esquadra, sino simplemente a cumplir con su labor en el territorio donde aún son los responsables en materia de seguridad ciudadana. Es más, en Tarragona, la consejería de Interior está haciendo un esfuerzo suplementario ya que, sin haber asumido aún estas competencias, desde hace tiempo ha desplegado a más de 300 mossos. Estos efectivos, en un ejercicio de coordinación y colaboración ejemplar entre las diferentes administraciones, tienen la misión de reforzar y complementar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por eso, cuando realizan una detención en Tarragona – y son centenares las ocasiones en que esto ha ocurrido – , no pueden hacerse cargo del detenido y tienen que traspasarlo siempre al cuerpo competente. Es común en los pueblos de Tarragona que ante un requerimiento de un ciudadano lleguen indistintamente patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil o de los Mossos d’Esquadra.

En cualquier caso, damos la bienvenida a estos refuerzos porque supondrán una mejora de la seguridad en su área de competencia. Por tanto, en el marco de coordinación policial que caracteriza a Cataluña, supondrá una mejora para todos. De manera conjunta también con las policías locales, que tienen un papel muy destacado, se trabaja contrarreloj para desarticular a los grupos de delincuentes más peligrosos y recuperar así el clima de tranquilidad deseado.

Por parte del Departamento de lnterior, se ha intensificado la vigilancia en las zonas de mayor riesgo, se han incrementado los efectivos destinados a este problema y se han acelerado las investigaciones. También me consta que, desde la Fiscalía, se están aprovechando todos los recursos legales existentes para encarcelar de forma preventiva e inmediata a los detenidos contra los que existen pruebas suficientes. Y en los casos en que sea posible, se intentará aplicar de forma inmediata la Ley de Extranjería con el internamiento preventivo del detenido a la espera de su expulsión.

En cualquier caso, es justo decir que la colaboración ciudadana está siendo fundamental para la detención de los autores de diferentes tipos de robos en viviendas y multiplica la eficacia policial. Éste es el principio de la Policía de proximidad, lo cual no quita ni un ápice de mérito al conjunto de los ciudadanos.

Pensar y pregonar que la seguridad es únicamente cosa de la Policía es tanto como decir que la Sanidad comienza y termina en los centros médicos o que el urbanismo es patrimonio exclusivo de los arquitectos.

Es obvio que, como medida preventiva, todos los ciudadanos que quieran estar mejor protegidos pueden optar por autoprotegerse para reducir los riesgos. Que nadie busque en esta aseveración llamadas a la bunquerización; estoy hablando de cosas tan simples y comunes como cerrar con llave o alertar de movimientos sospechosos cerca de casa. Me refiero, en definitva, a los consejos que pueden aparecer en cualquier web policial de un país de nuestro entorno. Cualquier medida razonable se suma al esfuerzo y a la garantía del trabajo de los cuerpos policiales, cada uno en los territorios donde esté desplegado.

Aparte de todo esto, querría aclarar también que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía no han sido nunca expulsados de Cataluña, puesto que siguen y seguirán ejerciendo varias competencias en todo el territorio catalán (control de armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, fronteras, documentación, extranjería, lucha contra el crimen organizado, etcétera).

Y tampoco es cierto que desde el cuerpo de los Mossos d’Esquadra no se haya querido aprovechar la profesionalidad y la experiencia de los miembros de los otros cuerpos policiales. Al contrario, en 2004 se modificó la Ley de la Policía de la Generalitat para facilitarles el acceso y, desde entonces, se han reservado 551 plazas exclusivamente para ellos.

Esta voluntad de integración, que buscaba evitar que muchos de estos profesionales se vieran obligados a marcharse de Cataluña, ha topado, sin embargo, con el no excesivo entusiasmo que han despertado las sucesivas convocatorias, puesto que más de la mitad de las plazas ofertadas han quedado vacantes.

A pesar de esto, de los que finalmente optaron por vestir el uniforme de Mossos, hay algunos que actualmente están ejerciendo altos cargos de responsabilidad en el cuerpo.

En definitiva, ridiculizar y menospreciar a la Policía de la Generalitat y a su Gobierno, tal y como han hecho algunas voces, en un tema tan complejo y delicado como éste, no facilitará la resolución de los problemas y no hará nada más que contribuir a la alarma social, además de ser radicalmente injusto.

Jordi Samsó i Huerta es director general de Seguridad Ciudadana de la Generalitat de Cataluña.