La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, viajó ayer martes a Estrasburgo para contribuir a la concienciación de la Eurocámara sobre los problemas de la inmigración ilegal, que no son estrictamente de España y otros países mediterráneos, como Malta, Italia o Grecia, como una visión reduccionista del fenómeno tendería a explicar, sino del conjunto de la Unión Europea por su propia estructura, y por los objetivos que animan a los inmigrantes .

De la Vega intervino ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara y se reunió con los presidentes de grupo de la institución, además de mantener un encuentro con su presidente, Josep Borrell, y un cambio de impresiones con los representates de los medios informativos.

El mensaje que De la Vega llevó a Estrasburgo no fue otro que la necesidad de que Europa se dote de una política común de inmigración. Se trata de una vieja ambición de distintos sectores de la Unión Europea que fue evocada con fuerza en Tampere (octubre de 1999) y Sevilla (junio de 2002), pero que no ha alcanzado a cristalizar por las muy diferentes percepciones que del problema tienen los Estados miembros de la Unión.

Las recientes actuaciones de la Unión Europea para auxiliar a España ante las avalanchas de inmigrantes (Ceuta y Melilla el año pasado, ahora Canarias), son acciones puntuales, aunque de una cierta relevancia, que no sirven, sin embargo, para camuflar la carencia de una política común de inmigración que facilite el acceso ordenado de personas del Tercer Mundo a la Unión Europea para trabajar en ella.

La vicepresidenta se esforzó, según las fuentes consultadas, por presentar la colaboración emprendida en Canarias como una muestra de que las actuaciones conjuntas de los países de la UE para hacer frente al problema son más que posibles.

Las medidas adoptadas en Canarias comprenden iniciativas auspiciadas por las instituciones comunes (la acción de los equipos de Frontex, la Agencia de Fronteras), y otras de corte estrictamente intergubernamental, como el envío, por ocho países miembros, de unidades aéreas y marítimas para vigilar el flujo de embarcaciones con inmigrantes a bordo. El viaje de la vicepresidenta De la Vega a Estrasburgo responde a la mayor permeabilidad de la Eurocámara a problemáticas como la que ella misma expuso a los eurodiputados. En el Consejo Europeo, las reticencias son mucho mayores.

Vuelos de la CIA

Por otro lado, el presidente de la comisión temporal del Parlamento Europeo que investiga la supuesta complicidad de los gobiernos europeos con las actividades de la CIA en Europa, el portugués del PPE Carlos Coelho, criticó ayer que el director general del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Sáiz, no haya respondido a la carta que le envió hace dos meses para que comparezca ante los miembros de la comisión, algo que calificó de un «mal ejemplo».

No obstante, celebró la disposición del ministro deExteriores , Miguel Ángel Moratinos, de acudir a la institución. La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que la posición de España es de «absoluta transparencia» y que el Gobierno no tiene «ningún problema para comparecer en ningún sitio». De la Vega respondía así al ser preguntada si el Ejecutivo estaría dispuesto a que el director del CNI acudiera a la comisión presidida por el eurodiputado portugués.