Los discursos de odio y discriminación que campan por las redes sociales quedan en ocasiones en la impunidad debido a la imposibilidad de identificar a sus autores. Amparados en el anonimato o bajo pseudónimo, cuando jueces o fiscales piden a las empresas tecnológicas datos de los usuarios, en muchas ocasiones su obtención resulta imposible por la negativa bien de las empresas o bien de la Justicia estadounidense, país en el que están radicadas las sedes centrales de la mayoría de compañías. 

Con el objetivo de cambiar esta dinámica, el Ministerio Público pide una reforma legislativa para que las empresas de redes sociales estén obligadas a dar, cuando un juez se lo requiera, datos de los usuarios investigados por usar sus perfiles para propagar ataques racistas, xenófobos, homófobos u otros discursos de odio. En caso de que se nieguen, la Fiscalía plantea que la nueva normativa contemple sanciones a las empresas.

La propuesta parte de la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación de Barcelona, pionera en España y que comanda el fiscal Miguel Ángel Aguilar. El servicio, que entró en vigor en 2009, ha logrado a lo largo de estos diez años sentencias pioneras por discriminaciones basadas en la raza, la orientación sexual o la religión.

En los últimos tiempos Aguilar ha focalizado la atención del servicio en los discursos del odio que se propagan a través de Internet y las redes sociales. Casi la mitad de las diligencias abiertas por la Fiscalía contra los delitos de odio de Barcelona el año pasado estaban relacionadas con hechos cometidos en redes sociales. El pasado mes de febrero el fiscal presentó la primera querella en España por las denominadas ‘fake news’, en concreto contra un tuitero por difundir un vídeo falso sobre menores no acompañados.

Si bien en este caso sí se logró identificar al usuario, en otras causas no se logra dar con los autores ya que, ante la negativa inicial de las empresas a facilitar los datos, ello depende de comisiones rogatorias enviadas a EE. UU., país donde están las sedes de la mayoría de redes sociales. Pero la justicia estadounidense no facilita los datos personales de los usuarios amparándose en la libertad de expresión consagrada en la primera enmienda de su Constitución, pese a tratarse de usuarios residentes en España.

Para revertirlo, el fiscal Aguilar solicita una modificación legislativa en línea con la introducida hace varios años en la ley de Enjuiciamiento Criminal que obligó a las operadoras telefónicas a colaborar con jueces, fiscales y policías para facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de cualquier otro sistema virtual. Alemania ya ha aprobado una reforma similar y Francia encara los últimos trámites parlamentarios para llevarla a cabo.

Además del crecimiento de los delitos de odio cometidos a través de internet, el año pasado también crecieron las denuncias ante los distintos cuerpos policiales en Barcelona por discriminaciones racistas y por homofobia. En concreto, los atestados referentes a discriminaciones por orientación sexual pasaron de 59 en 2018 a 95 en 2019, mientras que los relacionados con el racismo aumentaron de 68 a 97.

Por contra, las denuncias por discriminación política, que debido al proceso soberanista venían incrementándose en los últimos años, descendieron en 2019 y pasaron de 203 el año a anterior a 147, la mayoría de carácter leve. Pese a este descenso, la discriminación política todavía es el el primer motivo de discriminación en los atestados y en los procedimientos judiciales abiertos el año pasado.

Preocupa en especial en la Fiscalía que comanda Aguilar el aumento de denuncias por racismo y LGTBIfobia. En ambos casos se vincula el aumento a que las víctimas denuncian más y que ahora sí se llevan ante la policía o la Fiscalía discriminaciones que hace unos años permanecían impunes. Sin embargo, en el caso de la homofobia el servicio de Aguilar sí constata que el aumento de hechos delictivos no está relacionados únicamente con el afloramiento de discriminaciones ya existentes, sino también al incremento de este tipo de discriminación, por lo que insta a las administraciones a potenciar las campañas de sensibilización LGTBI y de igualdad.

En este sentido, otra de las reformas legislativas que plantea Aguilar es la aprobación de leyes autonómicas y estatales de igualdad de trato para sancionar administrativamente las discriminaciones por raza, sexo, orientación sexual o religión que no tienen suficiente entidad para constituir un delito penal. En suma, se trata que los microracismos o microhomofobias, aunque no acaben en el juzgado, no queden impunes.